Presentan reforma penal contra el huachicol hídrico

Ante el grave problema del huachicoleo de agua que se registra en diversos estados del país, el senador Juan Carlos Loera presentó una iniciativa de reforma que crea un nuevo tipo penal federal relacionado con la apropiación ilícita de aguas nacionales, para fortalecer la protección del patrimonio hídrico mexicano.

El proyecto de decreto propone una reforma integral a cuatro leyes federales y contempla sanciones de cuatro a 15 años de prisión, así como multas millonarias para quienes extraigan, desvíen o comercialicen agua nacional sin autorización.

Con esta acción, Loera de la Rosa busca anteponer el interés del pueblo frente a cálculos político-electorales y avanzar en el Plan Nacional Hídrico.

En su trabajo como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado, Loera de la Rosa identificó que la sobreexplotación de mantos acuíferos es un problema extendido, particularmente en estados fronterizos con Estados Unidos, como Chihuahua. Datos recabados por organismos operadores estatales indican la existencia de más de 131 mil tomas clandestinas entre 2019 y 2023 en casi todas las entidades del país.

Además, la instalación de tomas clandestinas, el desvío ilegal de agua y el uso de infraestructura no autorizada generan pérdidas anuales equivalentes a más de 600 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"No podemos permitir que se robe impunemente un recurso que es propiedad de la nación y un derecho humano para todos los mexicanos", argumenta Loera de la Rosa en la justificación de esta iniciativa, que reconoce el riesgo sistémico que representa el robo de agua en un contexto de sequías crecientes, estrés hídrico y debilidad institucional. 

También "se propone la extinción de dominio de tierras, pozos y equipos utilizados en el delito, destinando los recursos recuperados a la rehabilitación de cuencas y obras hidráulicas".

Adicionalmente, se establece la revocación automática de concesiones cuando el titular sea sentenciado por robo de agua; instalación obligatoria de medidores inteligentes (telemetría) en todos los puntos de extracción autorizada para evitar el subregistro de volúmenes y la creación de un padrón público de tomas clandestinas con información georreferenciada.

La iniciativa es una acción que se suma al informe técnico de esta situación enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum y se deriva de una serie de reuniones con agricultores chihuahuenses y con el director general de Conagua, Efraín Morales.

En el documento, el legislador denuncia la sobreexplotación crítica de mantos acuíferos en Chihuahua, asociada a presuntos actos de corrupción realizados por exdelegados estatales de Conagua durante el gobierno del expresidente Enrique Peña.