Secretaría de Hacienda fortalece el sistema antilavado

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer las modificaciones al reglamento para la aplicación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Se trata de los cambios a las reglas de la ley conocida como antilavado que deberán cumplir las actividades consideradas vulnerables a ser utilizadas por la delincuencia organizada para el blanqueo de dinero.

Es decir, para los sujetos obligados que realizan actividades no financieras vulnerables como los casinos, operaciones con activos virtuales, inmobiliarias, joyerías, casas de arte, distribuidores de autos, blindaje, tarjetas de servicios y prepagadas, vehículos aéreos y marítimos, traslado y custodia de valores y cheques de viajero.

La nueva reglamentación entrará en vigor a partir de noviembre próximo, pero con una gradualidad para facilitar su implementación, indicó la SHCP en un comunicado.

Según la dependencia, que encabeza Édgar Amador, las modificaciones fortalecen el marco regulatorio aplicable a quienes realizan actividades vulnerables.  Además, aseguró, se consolida el régimen preventivo en materia de prevención del lavado de dinero.

Las medidas reafirman el compro miso en México de fortalecer el sistema nacional para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aseguró.

Todo ello, manifestó, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Así, señaló la dependencia, se contribuye a la protección de la integridad del sistema financiero y al fortalecimiento de los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero.

Hacienda detalló que entre los principales cambios destaca la incorporación del Enfoque 

Basado en Riesgo (EBR) como principio rector para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley.

Con este modelo, enfatizó, los sujetos obligados mencionados tendrán que identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes o usuarios,

Además, vigilar sus operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas, mediante metodologías que fortalezcan la gestión de riesgos y permitan una mejor identificación de operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita.