Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron a Luis Manuel "N", "El Ingeniero", quien presuntamente trabajaba bajo las órdenes directas del nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Juan Carlos Valencia González "03" o "Pelón", en el diseño y construcción de túneles transfronterizos entre México y Estados Unidos para el trasiego de droga.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el operador clave del Cártel fue capturado en flagrancia en el municipio de Zapopan, Jalisco, en posesión de armamento, droga y un vehículo.

En un comunicado, la dependencia indicó que "El Ingeniero" se encargaba del diseño y construcción de túneles transfronterizos entre México y Estados Unidos para el trasiego de droga, principalmente en el municipio de Tijuana, Baja California.

Y operaba bajo las órdenes directas de Valencia González "03", el nuevo máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, después del abatimiento del capo michoacano Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho".

La Defensa afirmó que "El Ingeniero" cuenta con cargos en San Diego, California, Estados Unidos, por el delito de conspiración por narcotráfico.

Luego de ser detenido, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Guadalajara, Jalisco, para continuar con las investigaciones, diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Energía informó que el abasto de gasolinas y diesel opera con normalidad.

En comunicado, tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como las demás empresas del sector privado cuentan con inventarios suficientes y sus cadenas de suministro operan de forma regular. Por lo anterior, el abasto de combustibles está garantizado en todo el país.

Asimismo, afirmaron que continúa vigente el acuerdo voluntario para la estabilización de los precios de los combustibles, mediante el cual la gasolina regular se mantiene por debajo de 24 pesos por litro y el diesel por debajo de 27 pesos por litro a nivel nacional y, en zonas fronterizas, por debajo de 25.39 pesos por litro, derivado de la aplicación de una tasa de IVA del 8% en esas regiones.

Por lo anterior, también se descartan incrementos en los precios de estos combustibles. Con ello se protege el poder adquisitivo de las familias mexicanas, se brinda certidumbre a todos los sectores productivos, y se contienen las presiones inflacionarias sobre los precios de todos los bienes y servicios, afirman las instituciones.

La Secretaría de Energía asegura mantiene un seguimiento diario de las condiciones de inventarios y cobertura de todos los energéticos y el gobierno federal cuenta con las capacidades institucionales y normativas para garantizar en todo momento el abasto continuo, seguro y asequible de los energéticos.

Este jueves, en el marco del XXX Congreso Anual de Agentes Navieros, Roberto M. Meillón Covarrubias, Presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), dijo que el sector del autotransporte de carga está por enfrentar una "crisis tremenda", por la falta de diesel a partir de una posible restricción de Estados Unidos.

"Por el diesel, el precio del diésel que consumimos para el uso del transporte viene una crisis tremenda porque va a haber desabasto de diesel, y el 40% del diesel que consumimos viene de Estados Unidos y este país necesita este energético y no te va a vender. Entonces vamos a tener un desabasto del 40% y eso va a causar crisis.

"Los que no estén preparados con sus propios equipos, tanques y eso, es vamos a tener un problema en la industria terrestre mexicana de autotransporte", alertó entonces.

Sin embargo, desde hace semanas, las alertas han llegado incluso desde Estados Unidos con medidas que no se han concretado como lo es una restricción de exportaciones de diesel a otros países como México.

Agencias como PetroIntelligence se han reportado que el abasto de diesel sí ha disminuido, especialmente en un centenar de estaciones, como consecuencia de dificultades logísticas y de precio/costo.

Los trabajadores sindicalizados que se encuentran en protesta por el aumento de 2.9% al salario tabular desconocieron al secretario general del Sindicato Nacional de Traba-jadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos, y exigieron su destitución, para que un nuevo representante renegocie el incremento.

"No lo reconocemos, él no tiene que ir a negociar, él tiene que renunciar y dejar que un congreso extraordinario verdaderamente representativo, o sea, que llamemos nuevamente a elección y saquemos nuevos representantes para ir a hacer esa negociación. Lo desconocemos como líder, lo desconocemos como secretario general y como parte del sindicato", dijo Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI y uno de los voceros del movimiento.

Posteriormente, por la tarde, en conferencia frente a las oficinas centrales del IMSS, varios líderes de la movilización exigieron que el aumento sea de 10%, como mínimo, directo al salario tabular, porque es el que se toma en cuenta para calcular la pensión.

"Para los trabajadores de nueva contratación no se toman las prestaciones en cuenta para el cálculo de una pensión, sino el sueldo tabular, y el sueldo tabular es pobre, tenemos 32 años de retraso en aumento del sueldo tabular y no lo vamos a aceptar", aseguró Eduardo Vinicio Martínez, representante de trabajadores jubilados y pensionados del Seguro Social.

En cuanto a un posible paro de labores si no son atendidas sus exigencias, dejaron entrever que es una alternativa que no convence a todos, pero que es analizada.

El 14 de octubre, al término de la consulta de los trabajadores, Vinicio Martínez dijo que continuarán las manifestaciones e incluso se podría considerar un "paro de labores escalonadas, obviamente sin interrumpir el servicio de urgencias a los pacientes".

Ayer, en respuesta a los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien minimizó la marcha del martes en la Ciudad de México, el representante volvió a amenazar con un paro laboral y dijo que responsabilizarían a la Mandataria.

"Creemos que la señora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al mencionar o minimizar nuestra lucha, al decir: ‘vean ustedes la marcha, ustedes consideren’, no, señora Presidenta, no salimos todos, efectivamente, pero si usted quiere dejar los hospitales sólo porque no nos quieren escuchar, la haremos responsable de ello y de las consecuencias que puedan pasar, porque los trabajadores del Seguro Social están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que sus demandas sean atendidas", expresó.

Sin embargo, Zuiry Axel Hernández Heras, asistente médica en el Hospital General de Zona número 1, vocera del movimiento, dijo que, por el momento, no se ha considerado esa posibilidad, pero sin descartarla.

"Yo creo que es posible, todo puede suceder; sin embargo, la base trabajadora hasta el día de hoy se ha manifestado responsable con el derechohabiente, sabemos que tenemos un tema muy sensible en las manos, que no es tan fácil como cerrar una oficina e irnos, porque vidas dependen de nosotros. Así es que, la verdad, no creo, por parte de nosotros no habrá una convocatoria como tal real a un paro nacional en este momento, porque somos solidarios con los derechohabientes y el derechohabiente ha sido solidario con nosotros".

En la conferencia, los trabajadores sindicalizados del IMSS anunciaron que el 21 de octubre realizarán otra marcha en todo el país.

"En este momento convocamos a una movilización para el miércoles 21, la segunda gran movilización de todos los trabajadores del Seguro Social a nivel nacional. No vamos a parar este movimiento, y vamos a marchar cada ocho o 15 días hasta que sea entregada la cabeza de Rafael Olivos", afirmó Soto Cruz.

Informó que hoy cerrarán la México-Pachuca y otros puntos "para que [las autoridades] vean que no estamos jugando", dijo.

Hernández Heras comentó que aún no tienen un calendario de las marchas que realizarán si no son atendidas sus demandas, pero éstas no se suspenderán.

"Saldremos a marchar las veces que sea necesario, sin necesidad de tener un calendario establecido, porque esto dependerá realmente de las negociaciones que se permitan hacer para lograr el objetivo", explicó.

Octavio Fernández, médico anestesiólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, dijo que no han sido convocados por el director Zoé Robledo para renegociar el aumento salarial, ante el anuncio de que el Seguro Social y el SNTSS instalaron una mesa de trabajo.

"El movimiento sigue, no hemos tenido ningún avance, no hemos tenido aumento, no hemos tenido la destitución de Olivos. Están ellos hablando, arreglándose, pero con nosotros nadie ha hablado ni nadie se ha arreglado", subrayó.

Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, preso en el penal del Altiplano, sufrió un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que rechazó atraer su asunto.

El expriísta pidió al máximo tribunal del país echar atrás el auto de formal prisión que le fue dictado en el proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada y "lavado" de dinero.

Para ello, mediante sus abogados, promovió un incidente de revisión en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, pero buscaba que se turnara a la Suprema Corte de Justicia para su revisión y análisis.

No obstante, el pleno de ministros rechazó atraer el caso en sesión pública realizada este jueves. "Se puso a consideración de las personas ministras de este Tribunal la presente solicitud formulada por parte no legitimada para conocer del recurso de revisión incidental 215/2025 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, y ninguna de las referidas personas ministras de esta Suprema Corte manifestó su intención de hacer suya la respectiva solicitud", según acuerdo publicado en la página de la Corte.

De esta manera, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito deberá continuar con el análisis del incidente de revisión para su resolución.

En abril este año, un juez federal otorgó un amparo a Tomás Yarrington Ruvalcaba, para efecto de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongelara sus cuentas bancarias, porque la decisión de la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no se apegó a lineamientos internacionales.

El Presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Víctor Hugo Lobo, confirmó que el predictamen para reformar la Ley de Medios de Impugnación se metió a la congeladora, y posiblemente se discuta hasta 2027.

Esta reforma propone pautas legales concretas para sancionar con la invalidez de un proceso electoral a los espacios noticiosos que incurran en “coberturas sesgadas”.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador confirmó que el párrafo donde se establece que se podrá anular una elección por “cobertura informativa indebida” ya está en la ley vigente desde el año 2014, y aseguró que la confusión tiene origen en un intento de detractores de sacarla de contexto.

“El tema de la cobertura informativa ya viene en la Constitución, ese artículo en particular ya está en la ley. Actualmente existe perfectamente claro en el artículo 78 de la Ley de General del Sistema de Medios de Impugnación, aparece tal cual, ese no se tocó. Entonces... alguien lo quiso sacar de contexto. 

Lo que pasa mucho en redes sociales es que se hace una campaña, alguien contrata una campaña reiterada de ataque o de promoción bajo la lógica de una investigación periodística”, expuso.

Personas juzgadoras en retiro solicitaron la intervención del Senado para poder recibir el pago pendiente de 80 indemnizaciones y 120 pensiones complementarias que les corresponden por la reforma judicial de septiembre de 2024 y los derechos laborales previamente reconocidos.

Durante una reunión con la Comisión de Justicia del Senado, la presidenta de la Asociación de Personas Juzgadoras en Retiro, Elba Sánchez Pozos, denunció que a dos años de la entrada en vigor de la reforma, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no ha resuelto sus reclamaciones, pese a que han acudido ante distintas instancias del Poder Judicial y del gobierno federal, sin obtener respuesta. “No venimos a solicitar privilegios, como se ha dicho en medios. Pedimos a evidenciar el incumplimiento de derechos expresamente protegidos por el poder reformador de la Constitución”, recalcó la magistrada en retiro.

“Los derechos no se mendigan, se reconocen, se respetan y se cumplen”, advirtió.

Por ello, pidió a los legisladores intervenir para que las autoridades responsables atiendan las solicitudes y realicen los pagos que jurídicamente correspondan.

Explicó que el principal punto de controversia es la interpretación del artículo décimo transitorio de la reforma judicial, que reconoce a las personas juzgadoras que declinaron participar en la elección o que no resultaron electas, el derecho a recibir una indemnización equivalente a tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio, además de las prestaciones correspondientes.

Sánchez Pozos recordó que cuando entró en vigor la reforma no existían reglas específicas para determinar ante qué autoridad debían presentarse las declinaciones.

Por esa razón, algunos juzgadores entregaron sus solicitudes al entonces Consejo de la Judicatura Federal, antes de que el Senado precisara, un mes después, que el procedimiento tenía que ser ante la cámara alta.

La magistrada cuestionó que el OAJ utilice esas diferencias administrativas para negar las indemnizaciones. También señaló que las reglas de la elección extraordinaria no deberían aplicarse de manera extensiva a quienes estaban contemplados para participar en el proceso originalmente previsto para 2027, posteriormente aplazado hasta 2028.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) actualizó su código de Conducta en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde aborda la regulación de redes sociales, medios digitales e Inteligencia Artificial (IA).

En el apartado de “Disposiciones generales”, refiere que el documento constituye el instrumento normativo que reúne los valores, normas éticas y pautas de competencia que rige la actuación de las personas servidoras públicas adscritas a la dependencia.

“Es responsabilidad de cada integrante contribuir, mediante su cumplimiento, a la erradicación de la corrupción y al fortalecimiento de un entorno laboral armónico, que consolide la ética Institucional como pilar fundamental para la paz y la seguridad nacional”, indica el texto.

Remarca que las disposiciones de este código son de carácter obligatorio para todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la Defensa en cualquiera de sus niveles jerárquicos, personal eventual y que perciba honorarios asimilados a salarios.

Asimismo, es un instrumento orientador para la conducta del personal que preste servicio social, prácticas profesionales u otras personas que no se encuentren previstas como servidoras públicas pero que contribuyen a las tareas de la Institución.

¿Qué dice el código de Conducta de la Defensa?

Indica que el personal debe abstenerse de realizar cualquier acuerdo que comprometa al Estado Mexicano.

El presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), Víctor Hugo Gutiérrez Yánez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, funcionarios y policías de dicha entidad, debido a detención arbitraria y tortura de 39 personas durante la protesta del pasado 11 octubre por la mala calidad del servicio de agua en Guadalajara.

El político y activista acudió a la sede de la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, este jueves para solicitar a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, que se abra una investigación y ordene las diligencias necesarias, por posibles violaciones a los derechos humanos.

"Hemos solicitado la atracción de la FGR en una formal denuncia por la probable comisión de delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, omisión del servicio público, corrupción, peculado y lo que resulte en contra de policías, servidores públicos del gobierno de Jalisco encabezados por el gobernador Pablo Lemus Navarro y directivos de la empresa de SIAPA", comentó.

Autoridades federales de seguridad detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a siete personas, entre ellas cuatro familiares de Carlos Alberto Páez Pereda “Carlitos Rugrats”, objetivo prioritario para México y Estados Unidos y líder de la célula cirminal “Los Rugrats”, vinculada a la facción “Los Mayos”.

De acuerdo a las investigaciones, Leslie Dennise Pereda García y Aglaee Ramírez Páez, ambas son primas de Páez Pereda, consideradas operadoras logísticas de dicha célula delictiva.

Los uniformados aseguraron tres armas de fuego largas, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos, dos paquetes con cocaína, dosis de narcótico, dinero en efectivo, tres vehículos, un razer y una motocicleta.

Además, fue arrestada Claudia Selene García Ontiveros y Francisco Javier Ramírez Agüero, tía y tío de “Carlitos Rugrats”, así como Carlota Murillo Avendaño, María Alejandrina Páez Sainz y Ana Cristina Ramírez Páez.

En un comunicado el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano informó que derivado de labores de inteligencia e investigación, así como de vigilancias fijas y móviles, los efectivos identificaron diferentes inmuebles en las comunidades de Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica.

Los cuales eran empleados como centros de reunión, coordinación operativa, resguardo de integrantes y apoyo logístico para el desarrollo de actividades ilícitas.

Con los datos de prueba recabados, un juez de control otorgó las órdenes de cateo, por lo que se desplegó un operativo interinstitucional que permitió la detención de siete personas.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público con el fin de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica. En tanto, los inmuebles quedaron bajo resguardo ministerial.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada, mediante labores de inteligencia e investigación, para detener a generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas y logísticas de los grupos delictivos y fortalecer la seguridad de la población.

Participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Autoridades federales de seguridad hicieron un operativo en la comunidad de Laguna Colorada, localizada en Culiacán, Sinaloa, donde hubo altercados con habitantes del lugar, quienes evitaron que dos mujeres más fueran arrestadas.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México y exsecretaria de desarrollo agrario, territorial y agrario, Rosario Robles, advirtió que los partidos políticos de oposición deben aliarse para enfrentar a Morena en las elecciones de 2027.

En entrevista en el Senado de la República, después de participar en un foro acerca del aniversario 73 del voto de las mujeres en México, planteó que estas fuerzas políticas opositoras presenten candidaturas comunes en los distritos donde puedan competir unidas.

Destacó que ya existen acercamientos entre estos y en algunas entidades comienza a identificarse con mayor claridad la posibilidad de establecer coaliciones.

Indicó que uno de los aprendizajes de las elecciones de 2024 fue la falta de cobertura de todas las casillas por parte de la oposición, por lo que llamó a reforzar la organización ciudadana y asegurar la recopilación de las actas electorales.

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Eliceo Valente Ramírez “El Junior”, presunto jefe de sicarios de una célula criminal ligada a “Los Rusos”, detenido por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Marina Armada en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Se trata del séptimo integrante de la banda delictiva relacionada con el ataque contra agentes de dicha dependencia, a cargo de Omar García Harfuch, que hacían operativos con la intención de detener a extorsionadores en esta zona, en octubre del año pasado.

En audiencia inicial, el juzgador calificó de legal su detención y después de haber sido imputado por el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), le dictó la prisión por su posible participación en los crímenes de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos.

Será hasta la próxima semana cuando se resuelva si es vinculado a proceso por sus posibles delitos, porque sus abogados pidieron la ampliación de plazo constitucional para que se resuelva su situación jurídica, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La exjueza federal Martha Eugenia Magaña López acusó posibles irregularidades, fallas técnicas y opacidad institucional durante su segunda audiencia virtual ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

Al término de la sesión, en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, señaló que enfrentó contratiempos técnicos desde el inicio, los cuales le impidieron conectarse, al igual que a su abogado. Además, acusó al órgano disciplinario de rechazar su solicitud para que la audiencia fuera pública.

"La audiencia comenzó 8 minutos más tarde de lo esperado porque el enlace que nos proporcionaron no me permitía el acceso ni a mí ni a mi abogado. Al iniciar la grabación solicité que la audiencia fuera pública y pedí se permitiera el acceso de los medios de comunicación y las personas que estaban esperando afuera del edificio. 

Sin embargo, se me negó. No estuvieron presentes la secretaria ejecutiva ni los integrantes de la comisión, lo cual pedí se hiciera constar en el acta", narró.

La exjuzgadora federal recordó que el procedimiento administrativo que enfrenta comenzó después de que concedió la primera suspensión provisional contra la discusión de la reforma judicial en el Congreso de la Unión.

Explicó que, al presentar su informe justificado, defendió la legalidad de sus actos de autoridad y sostuvo que disentir del Poder Ejecutivo o del Legislativo no constituye una infracción administrativa.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el programa de realización del Conteo Rápido para la elección ordinaria de diputaciones federales del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

En su sesión de este jueves, el Instituto aseguró que el propósito del conteo rápido es que la ciudadanía, los partidos políticos, los medios de comunicación y las autoridades electorales cuenten oportunamente con información preliminar, objetiva y confiable, sustentada en criterios estadísticos rigurosos, acerca de la posible conformación del Congreso de la Unión la misma noche de esta elección.

El conteo rápido se hará el próximo 6 de junio, una vez que se haga el cierre de casillas y se comiencen a recibir los paquetes electorales de la votación de la Jornada Electoral de ese domingo, a partir de tendencias de acuerdo con los votos contados de manera seleccionada.

Al respecto, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aseguró que el aval de dicho acuerdo “cumple una función indispensable para la confianza ciudadana: que la noche de la elección México cuente con información seria, oportuna y sustentada en procedimientos técnicos y estadísticos”, además de que se cuenta, dijo, “con un sistema electoral maduro, profesional y con capacidad probada para enfrentar procesos de enorme complejidad”.

“A las mexicanas y los mexicanos les decimos con toda claridad: la noche del 6 de junio tendrán información producida con rigor científico, responsabilidad institucional y plena independencia profesional. Al INE le corresponde contarlos, protegerlos e informar con certeza”, añadió.

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso nuevas multas a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por casi 40 millones de pesos, después de acreditar casos de afiliación indebida de ciudadanos que aparecieron en el padrón de dicho partido político sin haber otorgado su consentimiento. Con estas sanciones, las multas acumuladas por esta conducta superan los 70 millones de pesos desde octubre de 2025.

Durante la sesión del Consejo General, celebrada este jueves 15 de octubre, las consejerías electorales aprobaron 20 procedimientos relacionados con afiliaciones irregulares. El monto de las sanciones asciende a 39 millones 924 mil pesos, cantidad que se suma a los cerca de 31 millones de pesos impuestos el año pasado.

Las denuncias fueron presentadas por ciudadanos de diferentes entidades, como el Estado de México, Chiapas, Tlaxcala, Durango, Puebla y Jalisco, quienes desconocieron su incorporación al partido político fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los casos corresponde a un ciudadano de Coahuila que detectó que figuraba como militante de Morena desde el 22 de mayo de 2025. Tras presentar una queja, el INE solicitó a la organización política la documentación que acreditara su afiliación. Al no contar con elementos suficientes con el objetivo de demostrar que el registro se hizo con su consentimiento, la autoridad electoral determinó imponer una multa de 145 mil 271 pesos.

En otros expedientes, Movimiento de Regeneración Nacional presentó firmas digitalizadas e impresiones a color de credenciales para votar, pero las pruebas no fueron suficientes para acreditar la autenticidad de los registros cuestionados.

Durante la discusión, el representante morensita ante el Consejo General del INE, Guillermo Santiago, rechazó que los casos permitan construir una conclusión generalizada sobre el comportamiento del partido político.

Argumentó que, al tratarse de una fuerza política con una militancia numerosa, existen ciudadanos que deciden ejercer su derecho a desafiliarse y cuestionó que se use el número de procedimientos y el monto de las multas con el objeto de establecer una narrativa sobre el conjunto de la organización política.

En contraste, Marco Baños, representante de Somos ante el Instituto Nacional Electoral, calificó las sanciones como históricas y señaló la gravedad de que ciudadanos aparezcan registrados sin haberlo autorizado.