Exigen migrantes libertad desde centros de detención

Desde el interior de Delaney Hall, en Nueva Jersey, el mensaje de los migrantes detenidos es contundente: no exigen mejores condiciones, exigen su libertad. En medio de huelgas de hambre, los testimonios denuncian un sistema de "crueldad" donde mujeres embarazadas son encadenadas y personas sin antecedentes penales son tratadas como criminales.

En el centro en Delaney Hall, administrado por GEO Group, entre 300 y 400 personas detenidas han sido vinculadas por familiares, activistas y testimonios internos a una huelga de hambre y a un paro laboral. "Reclaman comida digna, atención médica, ventilación, avances en sus casos y libertad", dice la activista Laura Gómez.

Afuera del centro de detención, familiares, amigos, defensores y vecinos han sido amenazados, empujados, rociados con agentes químicos y enfrentados por agentes federales.

Desde dentro, los detenidos comenzaron a comunicarse con sus familias. Los migrantes detenidos han expresado con contundencia que "no estamos en huelga para exigir mejor trato y mejores condiciones; hacemos esto para exigir la libertad". Esa declaración "cambia el sentido de la protesta; es una acusación política y humana contra un sistema que encierra a personas sin cargos y no condenadas por delitos penales", subraya Gómez.

Una carta de protesta atribuida a casi 300 personas detenidas, entre ellas más de 50 mujeres, indica que muchos tenían citas judiciales por atender, permisos de trabajo, reportes migratorios pendientes, familias en Estados Unidos y trámites abiertos.

Escribieron: "Nos sentimos vulnerables y, en cierto modo, secuestrados". También dijeron: "Vivimos con angustia y miedo de comparecer ante la corte". 

Para estos migrantes detenidos, "el tribunal de migración ya no lo perciben como un lugar para defender su presencia aquí, sino como una puerta posible al arresto, al traslado, al aislamiento o a la deportación", comenta la activista.

Uno de los detenidos liberado dijo a los medios: "No somos criminales, pero nos tratan como si lo fuéramos y de los peores". En Delaney Hall, la protesta está unida a un paro laboral porque los detenidos también denuncian el trabajo interno barato en un centro que recibe dinero público.

Los familiares han asumido el papel de escuchar, verificar, documentar y presionar para hacer las denuncias públicas.

Gabriela, esposa de Martín Soto, uno de los detenidos señalados como organizador de la huelga, dice a este medio que "sus demandas no son porque quieren tener mejores condiciones adentro o mejores tratos, sus demandas son porque quieren ser liberados y ser escuchados". También denuncia que "quienes están ahí dentro son personas inocentes y la gran mayoría sin antecedentes penales", y asegura que todos los días distintas familias reciben llamadas desde el centro. "Sin esas llamadas, sin esas vigilias y sin esos señalamientos, la huelga habría quedado encerrada entre esos muros", dice Gómez.

El choque con las familias escaló cuando se denunciaron traslados de detenidos y cuando manifestantes intentaron impedir que vehículos salieran del centro. Soto relató que vio a su esposo golpeando la ventana de una camioneta y gritando: "¡Gaby! ¿Dónde está mi esposa Gaby? ¡Ayuda!"

El congresista demócrata Jerry Nadler habló de porciones pequeñas y de comida contaminada "muy a menudo". El representante Dan Goldman dijo que ninguna persona humana ni ningún estadounidense debería apoyar lo que estaba ocurriendo ahí.

El congresista Adriano Espaillat calificó las condiciones de "inhumanas" y lanzó una promesa política: "Vamos a cerrar este centro".

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo haber escuchado "historias de horror" y resumió la lógica del sistema: "La crueldad es el punto".