Protestan trabajadores en Latinoamérica

Las calles de América Latina volvieron a llenarse el 1 de mayo. 

En Caracas, Bogotá y El Alto, trabajadores marcharon para exigir mejores salarios y defender derechos laborales, en medio de crisis económicas, inflación y disputas políticas que tensan el panorama regional.

En Venezuela, más de un millón de trabajadores se manifestaron en la capital tras el anuncio del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez de elevar el llamado "ingreso mínimo integral" de 190 a 240 dólares mensuales. 

Aunque el Ejecutivo lo calificó como el ajuste "más importante en los últimos años", sindicatos denunciaron que el aumento se basa en bonificaciones que no impactan pensiones ni prestaciones.

"Bono no es salario", corearon los manifestantes en una marcha vigilada por fuerzas antimotines.

El salario mínimo venezolano permanece congelado desde 2022 y no alcanza ni 30 centavos de dólar mensuales, en un país que registró una inflación de 475% en 2025. 

La canasta básica supera los 700 dólares, muy por encima del ingreso anunciado. 

El gobierno también informó que las pensiones subirán a 70 dólares, mientras intenta atraer inversión extranjera tras reformas en los sectores petrolero y minero.

En Colombia, la jornada tuvo un tono marcadamente electoral. Miles de simpatizantes del senador Iván Cepeda se concentraron frente al Congreso para advertir que no permitirán retrocesos sociales ante la posibilidad de que la derecha retome el poder en las elecciones del 31 de mayo.

"Ni un paso atrás", fue la consigna central.

Cepeda, heredero político del presidente Petro, defendió el aumento histórico del salario mínimo impulsado en los últimos años y acusó a sus rivales —entre ellos el abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia— de representar un modelo "neoliberal" que pondría en riesgo los avances laborales.

En Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un paro general indefinido contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, al considerar insuficientes las medidas económicas adoptadas en medio de la peor crisis en cuatro décadas. 

La organización exige un aumento adicional del 20 por ciento al salario mínimo, la derogación de reformas tributarias y garantías para la estabilidad económica.

Paz, quien asumió en noviembre tras dos décadas de gobiernos socialistas, defendió que su administración ya elevó el salario mínimo 20% en enero y eliminó subsidios a combustibles que drenaban divisas.