Afirman diputados seguirá proceso contra el mandatario estatal

Tras la suspensión provisional al juicio político en contra del Gobernador Samuel García Sepúlveda otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proceso va a continuar, así lo aseguro Armida Serrato Flores.

La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, fue clara al señalar que el veredicto de la ministra solamente suspende la ejecución de una eventual sanción hasta que se resuelva el fondo de la controversia constitucional.

La legisladora señaló que la Corte autoriza al Congreso a continuar con todas las etapas previstas en la Ley de Juicio Político, incluso aprobar un dictamen en el Pleno y turnarlo al Tribunal Superior de Justicia.

"No veo por qué está celebrando el Gobernador la resolución la Suprema Corte sí está autorizando a este Congreso, a continuar con todos los pasos que establece la Ley de Juicio Político, incluso, la aprobación de un dictamen en la Comisión de Anticorrupción y la aprobación de un dictamen en el Pleno del Congreso para que éste se vaya al Tribunal Superior de Justicia. Todo eso la Corte nos está permitiendo hacer, ¿Qué es lo que sí señala?, Que no podría emitirse una sanción por parte del Tribunal.".

 "La conclusión es clara: el juicio político continúa. La resolución de la Suprema Corte confirma que el Congreso puede seguir desarrollando el procedimiento constitucional. Seguiremos trabajando con responsabilidad, objetividad y dentro del marco legal hasta concluir cada una de las etapas del proceso", subrayó.

La presidenta de la Comisión explicó que actualmente el procedimiento se encuentra en la etapa de investigaciones y diligencias, luego de haberse cumplido con la presentación de la denuncia, la notificación al denunciado y la recepción de su informe por escrito.

Asimismo, informó que continúan los requerimientos de información dirigidos a 69 dependencias estatales y federales relacionados con la investigación, particularmente sobre presuntas operaciones de triangulación de recursos, contratos y movimientos financieros de las empresas involucradas.

Serrato Flores también dio a conocer que el Instituto de la Defensoría Pública no respondió, dentro del plazo legal, al requerimiento para designar un defensor de oficio solicitado por el propio Gobernador, situación que deberá resolverse antes de la etapa de audiencias y alegatos.