Asegura Estado que fallo no invalida censura a reformas de AyD

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundada una Controversia Constitucional promovida por el Gobernador Samuel García Sepúlveda en torno a una serie de seis Decretos; el Gobierno del Estado aclaró que el fallo no inválida los vetos aplicados por el mandatario estatal a reformas en materia de Agua y Drenaje, y Movilidad Sostenible.

A través de un comunicado de prensa, la Administración estatal indicó que la resolución únicamente analizó y tomó acuerdos sobre un trámite interno y administrativo del Poder Legislativo local, sin invalidar ni tumbar el contenido de las observaciones.

"Los vetos del Ejecutivo continúan intactos, legalmente vigentes y firmes. Los vetos se respetan y la legalidad constitucional se mantiene firme", refiere el escrito.

"El Gobierno de Nuevo León aclara que los vetos aplicados por el Gobernador Samuel García a seis reformas de ley (Decretos 117, 139, 148, 151, 184 y 263) siguen totalmente válidos y vigentes".

"En la resolución emitida el día de hoy por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la Controversia Constitucional 240/2023, únicamente se analizó y tomó acuerdos sobre un trámite interno y administrativo del Poder Legislativo local, sin invalidar ni tumbar el contenido de los vetos impuestos por el Ejecutivo".

Los decretos corresponden a  reformas a las leyes Orgánica del Poder Legislativo; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; de Hacienda del Estado de Nuevo León; de Patrimonio Cultural; del Órgano Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León.

El Estado explicó que para que las observaciones del Ejecutivo puedan ser descartadas,  el Congreso del Estado está obligado a alcanzar una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados.

"De la revisión exhaustiva de los expedientes legislativos, se confirma que jamás existió una votación de desechamiento para los Decretos".

Por último, el Estado indicó que esperará la notificación oficial de la resolución de la SCJN para analizar sus términos, reiterando que la razón jurídica le asiste.