Denunciará GLPAN a Ulises Carlín ante fiscalías

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional anunció que interpondrá formalmente recursos legales ante la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de Ulises Carlín, quien actualmente funge como encargado del despacho  Tesorería estatal, señalándolo por la probable comisión del delito de usurpación de funciones públicas.

Carlos de la Fuente, líder de la fracción parlamentaria albiazul, indicó que el funcionario compagina sus responsabilidades en el área financiera con su participación previa como representante legal del mandatario estatal Samuel García en expedientes tramitados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que configuraría un conflicto de atribuciones dentro del aparato gubernamental.

"Creo que ya hay que interponer denuncias en contra del asesor jurídico, consejero jurídico, encargado del despacho, ya no sé qué posición juega, porque hay usurpación de funciones, pues en la Corte va y dice que es el consejero jurídico del gobernador y aquí, en los oficios que envía, dice que es el encargado del despacho, que no cubre eso, porque el plazo para ser encargado de despacho vencía el 31 de marzo", dijo de la fuente.

Asimismo, el legislador adelantó que se estructuran las acciones legales correspondientes debido a que el periodo límite establecido para desempeñar la suplencia temporal en la dependencia concluyó el pasado trimestre, sumado a los antecedentes de actuaciones simultáneas ante el máximo tribunal del país.

"Estamos preparando una estrategia para denunciar a Ulises Carlín por usurpación de funciones, porque no es encargado de despacho y porque cuando estaba de encargado de despacho legalmente, es decir, los primeros tres meses de este año, estaba firmando ante la Corte como consejero jurídico del gobernador Samuel García".

Por último, De la fuente, añadió que la situación amerita una revisión exhaustiva para determinar si existe una percepción duplicada de recursos públicos, a pesar de que los registros públicos de la plataforma de transparencia no reflejen dicha anomalía salarial.