Detecta ASF presuntas triangulaciones de recursos públicos de NL

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo la lupa el manejo de recursos públicos en Nuevo León, al detectar presuntos esquemas de triangulación de dinero mediante contratos gubernamentales, transferencias entre empresas y operaciones con particulares vinculados familiarmente con servidores públicos.

Al presentar los informes correspondientes a la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández, expuso que las irregularidades identificadas en Nuevo León y Sinaloa involucran posibles mecanismos de simulación de operaciones y desvío de recursos.

En el caso de Nuevo León, la revisión identificó transferencias millonarias realizadas por el Gobierno estatal a comercializadoras, constructoras, compañías de servicios, empresas de equipamiento, consultorías y un despacho jurídico.

Uno de los movimientos de mayor cuantía corresponde a una empresa constructora que recibió cinco mil 851 millones de pesos de la administración estatal y posteriormente transfirió cinco mil 154.6 millones de pesos a otra compañía.

Dentro de esa misma operación, los auditores detectaron un movimiento adicional por 385.3 millones de pesos relacionado con un despacho jurídico, que también aparece en otras transacciones bajo investigación.

La ASF documentó otro esquema en el que una comercializadora, después de recibir 964 millones de pesos del Gobierno estatal, transfirió 237 millones a una empresa del sector alimentario, fundada por un funcionario y un familiar.

Posteriormente, esta última compañía habría enviado 202.9 millones de pesos al mismo despacho jurídico, cuya participación en distintas operaciones suma transferencias por 728.13 millones de pesos.

El organismo fiscalizador señaló que estos movimientos forman parte de patrones en los que recursos públicos, inicialmente entregados mediante el pago de proveedores, habrían terminado en cuentas bancarias de personas físicas y morales con vínculos familiares con funcionarios.

Durante la presentación, Hernández sostuvo que las nuevas facultades otorgadas por el Congreso han permitido fortalecer las investigaciones, preservar evidencias y promover acciones legales ante posibles irregularidades.

"En Nuevo León y Sinaloa identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos", expuso el auditor.

Los hallazgos también alcanzan a Sinaloa, donde se identificó una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal, quienes aparecen en la estructura de la empresa como accionista, administrador único y apoderado legal.

En esa entidad, organismos estatales y municipales adjudicaron contratos de obra pública a la compañía, que habría recibido depósitos superiores a los montos correspondientes a los trabajos contratados y posteriormente efectuados transferencias entre sus propias cuentas.

La investigación detectó que parte de esos recursos fue enviada a dos personas físicas, quienes realizaron pagos millonarios a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de "pago préstamo".