Oficializa Monterrey cancelación de contrato con Next Energy

El Gobierno de Monterrey oficializó la cancelación definitiva del contrato que sostenía con el consorcio integrado por Next Energy de México, Constructora Maíz Mier y Eólica Santa Catarina. La resolución se tomó mediante una rescisión administrativa tras comprobarse retrasos y faltas a los compromisos establecidos por parte de las empresas prestadoras del servicio. 

La autoridad municipal detalló que este desenlace se alcanzó después de implementar una serie de procesos legales y administrativos orientados a resguardar los recursos públicos, logrando concluir la relación contractual con un balance financiero favorable para las arcas de la ciudad. 

Según explicaron las autoridades locales, la terminación definitiva del contrato se da después de diversos procedimientos administrativos y jurídicos mediante los que se protegió el patrimonio municipal.

El origen de este acuerdo se remonta a marzo de 2020, producto de un concurso de licitación a nivel nacional en el que compitieron cinco propuestas. El esquema inicial no contemplaba la adquisición de infraestructura por parte del ayuntamiento, sino el abasto de energía limpia para el alumbrado público y las dependencias municipales. Los desembolsos económicos estaban condicionados a la generación y al consumo real del servicio, prometiendo un ahorro de entre el 16% y el 26% en la facturación eléctrica. Para cumplir con el trato, las compañías debían edificar una central de generación limpia en el periodo de un año, instalación que pasaría a ser propiedad municipal al concluir el convenio. No obstante, el consorcio no construyó la planta, lo que llevó a la administración de ese periodo a aplicar penalizaciones, recibiendo un total de 174.5 millones de pesos por concepto de multas sin reportar ningún avance en la obra, manteniendo al municipio en una posición de ventaja jurídica.

Para mayo de 2024, durante la gestión municipal posterior, se renegociaron los términos mediante un convenio modificatorio. Este nuevo acuerdo cambió la meta global de abasto por la instalación de cerca de 45 mil paneles solares distribuidos en postes de luz, espacios públicos y techos de dependencias a través de 1,397 microplantas. Con esta modificación, se emitieron pagarés al proveedor por más de 3,150 millones de pesos que comprometían pagos mensuales de hasta 49 millones de pesos basados en una proyección de inversión futura. Al término de dicha gestión, no se reportaban avances en la interconexión de los paneles para el beneficio de la comunidad.

Al tomar el cargo la actual administración, las revisiones técnicas y de auditoría detectaron la inactividad del proyecto y debilidades en las cláusulas de protección para la ciudad. Ante esto, se activaron herramientas legales que permitieron recuperar condiciones similares a las del documento original del año 2020. Gracias a este ajuste, el municipio recaudó 239 millones de pesos por adeudos derivados de incumplimientos, 32 millones vinculados a descuentos de consumo y 2.5 millones por penalidades directas, además de adjudicarse el terreno donde originalmente se levantarían la central eléctrica. Paralelamente, se implementó una agenda de trabajo que permitió colocar cerca de 6 mil paneles solares operativos para generar ahorros energéticos actuales.

La decisión de anular el contrato por completo se fundamentó en la complejidad operativa que representaba gestionar más de 1,300 contratos individuales y medidores bidireccionales ante la Comisión Federal de Electricidad para los miles de paneles restantes, sumado a los continuos retrasos del proveedor. Con la rescisión administrativa total, el ayuntamiento invalidó los pagarés por más de 3,150 millones de pesos que lo ataban a pagos a largo plazo. 

Finalmente, la administración municipal enfatizó su postura de vigilar el uso correcto del erario, señalando que el Gobierno de Monterrey reitera el compromiso de actuar con determinación para proteger el patrimonio municipal y el interés público.