Pide Congreso de la Unión auditoría a administración de Samuel

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio un paso adelante en la propuesta para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de los recursos federales transferidos y ejercidos por el Gobierno de Nuevo León durante la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales aprobó la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, aunque el documento todavía deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de concretarse.

El planteamiento contempla que la fiscalización se concentre, entre otros aspectos, en los contratos relacionados con servicios y obra pública que hayan sido financiados total o parcialmente con recursos federales, ya sea mediante aportaciones, subsidios, convenios, reasignaciones u otros mecanismos de transferencia.

De acuerdo con la propuesta, estos rubros requieren especial atención debido a que pueden presentarse situaciones como adjudicaciones sin justificación, incrementos en los costos, servicios que no fueron realizados, obras inconclusas, posibles conflictos de interés o movimientos de recursos hacia terceros.

La revisión solicitada también incluiría el análisis de contratos y pagos, transferencias, subcontrataciones, empresas relacionadas, comprobación de los servicios contratados y el destino final de los recursos públicos. El documento menciona además señalamientos públicos sobre posibles triangulaciones mediante empresas proveedoras del Gobierno estatal y sociedades presuntamente vinculadas con personas cercanas al mandatario.

Entre los casos referidos en la proposición se encuentra el señalamiento de que un despacho relacionado con el gobernador y su familia habría canalizado más de 81 millones de pesos a una campaña de comunicación en redes sociales mediante una empresa que, a su vez, habría prestado servicios al Gobierno de Nuevo León.

Ante estos señalamientos, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que la fiscalización debe realizarse con criterios técnicos y mediante documentación que permita determinar con precisión el origen, recorrido y destino de los recursos federales involucrados.

"Cuando existen señalamientos de esta gravedad, la respuesta del Estado debe ser una fiscalización profesional, sin excepciones. Los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y cada peso gastado debe ser explicado", afirmó Ramírez Cuéllar.