Pide Ramírez Cuellar a SCJN destrabar juicio político contra Samuel

La permanencia de recursos legales que mantienen frenadas las posibles sanciones contra el gobernador Samuel García fue cuestionada por el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) poner fin a la suspensión que mantiene limitado al Congreso de Nuevo León en el juicio político contra el Mandatario estatal.

El legislador consideró que la falta de una resolución definitiva permite prolongar un escenario en el que el Poder Legislativo puede continuar con el procedimiento, pero carece de condiciones para hacer efectivas las consecuencias que pudieran derivarse de este.

Su posicionamiento se produjo luego de que la Corte pospusiera el análisis del recurso relacionado con la posibilidad de destituir al Gobernador, situación que, a juicio del morenista, mantiene incompleto el ejercicio de las facultades de control político del Congreso local.

Ramírez Cuéllar sostuvo que los mecanismos de defensa constitucional no deben utilizarse para impedir que los representantes populares ejerzan sus atribuciones ni para convertir los juicios políticos en procedimientos sin efectos reales.

"Aplazar esta discusión no es suficiente, debemos demandarle a las ministras y ministros que resuelvan de fondo este asunto, que permitan al Congreso de Nuevo León determinar lo conducente en el juicio político y que se aplique la sanción correspondiente", afirmó.

Advirtió que mantener bloqueada la aplicación de sanciones, aun cuando los expedientes sigan su curso, abre la puerta a que las responsabilidades de los funcionarios queden sin consecuencias.

Ante este escenario, planteó la necesidad de revisar el funcionamiento de las instituciones y eliminar los obstáculos que, desde su perspectiva, favorecen la protección de quienes enfrentan señalamientos por el ejercicio de sus cargos.

El diputado también puso en entredicho la figura del fuero, al considerar que debe dejar de operar como una barrera frente a la justicia y la rendición de cuentas.

Señaló que el combate a la corrupción exige instituciones capaces de actuar sin privilegios y procedimientos que permitan aplicar las sanciones correspondientes cuando existan responsabilidades acreditadas.

En esa misma línea, recordó que impulsa una reforma al artículo 109 constitucional para eliminar la inmunidad procesal y establecer que las controversias constitucionales y los juicios de amparo no puedan frenar la sustanciación de los juicios políticos ni la ejecución de sus resoluciones.

La iniciativa contempla mantener a salvo el debido proceso y el derecho de defensa, pero busca evitar que los recursos legales terminen por impedir que las decisiones del Poder Legislativo tengan efectos.

Con ello, Ramírez Cuéllar insistió en que la responsabilidad de quienes gobiernan debe estar por encima de cualquier mecanismo que pretenda prolongar indefinidamente la aplicación de sanciones.