Protestan en Fiscalía víctimas de fraudes inmobiliarios

Molestos porque no han sido tomados en cuenta al presentar varias denuncias por fraudes inmobiliarios, decenas de ciudadanos, en su mayoría sampetrinos, realizaron una protesta a las afueras de la Fiscalía Estatal para demandar justicia.

Y es que el grupo de inversionistas se manifestó a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, para dejar en claro que fueron víctimas de un fraude relacionado con proyectos inmobiliarios que no se han concretado, pese a entregar recursos bajo el esquema de "capital semilla" desde el 2018.

Por lo que por estos hechos serán más de 2 mil personas habrían invertido sus ahorros en distintos desarrollos verticales promovidos por la empresa Proyectos 9, propiedad de José Aurelio Lobatón, con aportaciones que van desde los 400 mil hasta los 15 millones de pesos, entregados en efectivo.

En este tema Liliana Leal, señaló que los proyectos debieron haber comenzado a entregarse desde 2023; y nada de ello ha pasado.

 "Estamos empezando esta lucha social. La estamos realizando porque somos miles de afectados. Perdimos nuestro patrimonio debido a que la empresa Proyectos Nueve, pues hace 5 años o hace más, dimos en capital semilla desde 400 mil pesos hasta 15 millones de pesos, o sea, al contado, ese es el capital semilla y están los terrenos sin hacer nada", expuso.

"No tenemos nada más que excusas, más que mentiras", afirmó.

"Creemos que esto es un esquema Ponzi, es un esquema piramidal. Nos sentimos defraudados, tenemos denuncias penales y no avanzan", sostuvo.

"Mi denuncia penal tiene ya 10 meses y no avanza", indicó.

Las querellas legales van en contra de los administradores de los desarrollos como Sol, Moca, Volga y Las Palmas, donde, según, no existe construcción alguna.

"Existen más de 100 denuncias penales interpuestas por los afectados, sin que hasta el momento se reporten avances significativos".

"Si hay cientos de personas que ya entregaron una cantidad de dinero, no se tiene un permiso de construcción, no se brinda información, la empresa no es dueña del inmueble, es evidente que por lo menos lo que se tiene que hacer es iniciar una investigación y darle impulso", explicó.

"Estamos hablando de 2 mil víctimas y la Fiscalía está obligada a darle impulso y no lo hace así, porque hay un interés directamente, porque hay una participación directa de estas personas", acusó.

En este tema el abogado de los inversionistas, Raymundo Ramírez, reveló que  además hace falta de permisos de construcción, la  ausencia de propiedad sobre los terrenos y la falta de información hacia los inversionistas.