Solicitan a Reforestación Extrema transparentar recursos

Ante el uso de recursos públicos, diputados del Congreso Local solicitaron a Reforestación Extrema a transparentar el uso de los recursos públicos, ya que, de lo contrario podría caer en responsabilidades legales por ejercer una partida presupuestal que nunca fue adjudicada por medio de una licitación

La diputada local Armida Serrato Flores expresó su preocupación por la forma en que se han ejercido los recursos de las compensaciones ambientales, además que las cifras expuestas por la asociación no concuerdan con la información oficial que se ha dado a conocer públicamente.

Lo anterior lo dijo tras la comparecencia de Cosijospi Montero, director de la asociación quien ante los legisladores señalo que se esta haciendo buen uso de los recursos, aunque señalo que son fondos privados.

Ante eso, los legisladores le manifestaron que la Auditoría Superior del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información ya determinaron lo contrario, dado que sus ingresos derivan de una disposición legal, al momento que la Secretaría del Medio Ambiente delega en la asociación la responsabilidad de cobrar la compensación a las empresas.

El activista entrego números que no concordaron con los ofrecidos por el Gobierno Estatal, ya que, al ser cuestionado con el número exacto de árboles plantados, este dijo que iban 20 mil y no los 650 mil que menciono el mandatario estatal.

Fue en ese momento cuando hubo intercambio de opiniones, ya que Montero aseguró que por la plantación de un árbol de dos pulgadas el precio era de 5 mil pesos, fue entonces cuando salió Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN al señalar que sus números no cuadraban, pues el activista dijo que llevaba ejercidos unos 285 millones de pesos y eso arrojaría un precio unitario de 14 mil.

El convenio firmado por Reforestación Extrema con la Secretaría de Medio Ambiente permite que las compensaciones económicas que las empresas tienen que hacer por el impacto que generan sus obras y desarrollos sean transferidas directamente a la asociación civil, sin pasar por las arcas de la Tesorería Estatal.

Así es como esos recursos terminan "privatizados", según la interpretación del Estado y de Montero.

"Me quedo sumamente preocupada por el tema de este convenio que por utilizar recursos públicos debiera haber sido un contrato que debió haberse licitado, porque para efectos de los recursos que se derivan de una obligación en ley, como en este caso es la Ley Ambiental que establece una remediación, el desarrollador tiene que cubrir todo recurso que deriva de una ley y no importando cual sea esta, es fiscalizable".

"El Consejo de Reforestación Extrema y su equipo legal tienen que dar por rescindido el convenio sin menoscabar de lo que ya hicieron y la ilegalidad en la que estuvieron incurriendo durante dos años", alertó Serrato Flores.