Van 10 alcaldes contra el ´pase turístico´

Alcaldes de 10 municipios de Nuevo León acordaron presentar esta semana ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para derogar las disposiciones que dieron origen al denominado "permiso turístico", recientemente incorporado a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial.

La propuesta es impulsada por los presidentes municipales de Monterrey, General Escobedo, San Nicolás de los Garza, Santiago, San Pedro Garza García, García, Apodaca, Ciénega de Flores, Allende y Montemorelos, quienes previamente sostuvieron comunicación con diputados y diputadas de distintos grupos legislativos para plantear la modificación.

Los ediles señalaron que la medida debe ser revisada debido a las dificultades que podrían presentarse para su aplicación, particularmente ante lo que calificaron como una falta de coordinación administrativa entre el Gobierno estatal y los municipios.

Como parte de sus argumentos, las administraciones municipales señalaron que el Instituto de Control Vehicular ha retenido ingresos correspondientes a derechos y multas de tránsito que, de acuerdo con su postura, deben ser entregados a los gobiernos municipales. Esta situación, afirmaron, representa un obstáculo para establecer nuevos mecanismos de control vehicular que requieren coordinación entre ambos niveles de gobierno.

Asimismo, los alcaldes reconocieron la importancia de fortalecer la seguridad vial y mejorar la identificación de los vehículos que circulan por Nuevo León, pero consideraron que estos objetivos deben alcanzarse mediante medidas eficaces y proporcionales, acordes con las condiciones sociales y la dinámica de movilidad de la entidad.

La iniciativa surge también en medio de las inquietudes que ha generado la implementación del permiso turístico, por lo que los municipios plantearán al Poder Legislativo revalorar sus alcances, viabilidad y posibles efectos antes de mantener vigente la disposición.

Los presidentes municipales consideraron que escuchar la inconformidad de la ciudad y analizar las condiciones reales para su aplicación constituye un ejercicio de responsabilidad institucional, al tiempo que permite atender las preocupaciones expresadas por la ciudadanía.