Acusa PAN promoción política del programa "Salud Casa por Casa"

La Presidencia de la República hará promoción política para Morena con recursos públicos, a través del programa "Salud Casa por Casa", acusó el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Señaló que la operación del programa federal debería recaer en la Secretaría de Salud (Ssa), que es la cabeza del sector, y no en la Secretaría de Bienestar y los llamados "Servidores de la Nación", encargados de coordinar las listas de beneficiarios de los programas sociales.

"Nos preocupa que la implementación del programa Salud Casa por Casa se confíe a los servidores de la nación y que la Secretaría del Bienestar sea la responsable de su administración, manejando 5 mil millones de pesos que anteriormente estaban a cargo de las instituciones de salud como la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. De esta forma, el gobierno federal cumple con dos de sus objetivos, por una parte, logra quitarle recursos al sector salud, y por otra, fortalece su operación electoral en territorio", explicó.

El legislador panista afirmó que el censo de "Salud y Bienestar" que planea realizar el gobierno federal, con los datos personales de las personas que sean atendidas bajo este programa, será utilizado como una base de datos de "clientela electoral".

"Durante toda la administración anterior se negaron a contar con un registro de pacientes con cáncer, enfermedades raras o enfermedades renales, e incluso, hubo un retroceso en los registros y planeación de la vacunación infantil. 

Además, el diputado Ramírez Barba advirtió que la desviación de recursos y responsabilidades hacia la Secretaría de Bienestar puede afectar gravemente la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios médicos, pues quienes operan el programa no cuentan con la experiencia ni el perfil técnico necesario para atender las necesidades sanitarias de la población. 

Esta situación podría derivar en una atención deficiente y en la pérdida de confianza ciudadana en el sistema de salud pública.

Por otro lado, se teme que la recopilación y uso de datos sensibles de salud sin mecanismos adecuados de protección y transparencia exponga a los beneficiarios a riesgos de privacidad y manipulación política. La integración de información personal con fines electorales podría sentar un precedente peligroso que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y desnaturaliza la función social de los programas de salud pública.