Asegura Profepa 137 ejemplares de vida silvestre en el AICM

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 137 ejemplares de vida silvestre, incluyendo 121 tortugas y 16 ranas, que intentaban ser enviados ilegalmente a Japón.

El aseguramiento ocurrió gracias a la colaboración entre la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Marina y una aerolínea, que detectaron las maletas a través de un escaneo de rayos X. Los animales fueron encontrados dentro de calcetines y tuppers, empaquetados en dos maletas con destino a Tokio-Narita.

Entre los ejemplares asegurados se encuentran diversas especies de tortugas y ranas que están protegidas bajo la NOM-059-Semarnat-2010 y la Convención CITES, una normativa internacional para la protección de especies amenazadas. Se hallaron 53 tortugas de caja (Terrapene carolina), tres tortugas de monte (Terrapene nelsoni), diez tortugas chacarita cora (Kinosternon cora), 53 tortugas chopontil (Claudius angustatus), dos tortugas pecho de carey (Trachemys venusta) y 16 ranas árbol coronadas (Triprion spinosus). De estos ejemplares, las tortugas pecho de carey y las ranas árbol coronadas no están listadas en ninguna categoría de riesgo, pero el resto sí se encuentra dentro de especies amenazadas.

Tras ser revisados, los animales fueron encontrados en su mayoría en buen estado físico. Las tortugas presentaban extremidades completas y buena respuesta a estímulos, mientras que las ranas mostraron signos de fatiga, pero sin lesiones. Sin embargo, ninguno de los ejemplares contaba con un sistema de marcaje que permitiera identificar su procedencia legal.

Como parte de la legislación en vigor, la Profepa procederá con una denuncia penal contra la persona que intentó transportar las maletas con los animales. Según la Ley General de Vida Silvestre, el tráfico ilegal de especies puede conllevar penas de prisión de entre uno y nueve años, además de multas significativas. 

La pena podría incrementarse hasta en tres años adicionales si se demuestra que las actividades afectaron áreas naturales protegidas o si los animales estaban destinados a fines comerciales.