El Senado de la República aprobó y turnó a la Cámara de Diputados el dictamen que sepulta las llamadas "pensiones doradas" que reciben algunos exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y organismos públicos como la extinta Luz y Fuerza, CFE, Pemex, Banobras y Nacional Financiera, que iban de 100 mil a un millón de pesos mensuales y que ahora quedarán tasadas en 70 mil.

En la sesión vespertina se aprobó por unanimidad por 116 votos la reforma presidencial, que, a pesar de recibir el respaldo de senadores del PRI, PAN y MC, cuestionaron que no se haya incluido a los pensionados de las Fuerzas Armadas, de las secretarías de Estado y de las universidades públicas, así como su aplicación retroactiva.

El dictamen turnado a San Lázaro modifica el artículo 127 de la Constitución para que cualquier pensión otorgada en el país no supere la mitad del salario mensual del presidente de la República, es decir, aproximadamente 70 mil pesos mensuales, la cual será retroactiva a quienes actualmente gozan de esas percepciones.

Con la implementación de esta medida el gobierno federal estima un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos. Según datos oficiales, entre 3 mil 404 y 5 mil 600 exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y banca de desarrollo perciben pensiones superiores al salario presidencial.

En tribuna, el senador por Morena Javier Corral reconoció que esta reforma tendrá efecto retroactivo y precisó que la Constitución no es una ley, sino una norma fundamental; por tanto, agregó, las reformas constitucionales pueden operar sobre normas constituidas en el pasado, con lo que con estos cambios no eliminan el derecho a la pensión y limitan la existencia de pensiones altas de la llamada "burocracia dorada".

La senadora Carolina Viggiano, del PRI, dijo que esta reforma no debe servir para fines políticos ni para ajuste de cuentas internas, y advirtió que los cambios con efectos retroactivos en materia de pensiones pueden vulnerar derechos laborales.

Diputados reciben iniciativa de vivienda

El Pleno de la Cámara de Diputados recibió una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de vivienda. El proyecto, que reforma y adiciona los artículos 1, 2, 4, 5, 16, 19, 48, 56, y 77 de la Ley de Vivienda, busca modificar el marco jurídico para reconocer la actuación de los organismos e instituciones de vivienda para personas trabajadoras y dotar al Estado de herramientas que contribuyan a subsanar la insuficiencia de vivienda social.

La propuesta, enviada a la Comisión de Vivienda para dictamen, plantea cambiar el término "digna y decorosa" por el de "adecuada" y establece como elementos y características de esta los de accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación.

Propone como lineamientos de la política de vivienda, fomentar la concurrencia de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que otorguen crédito, financien, ya sea por sí o por terceras personas, o construyan vivienda para las personas trabajadoras o para cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 40 y 123 de la Constitución Política.

Considera que para hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada de las personas trabajadoras, esos organismos e instituciones podrán adquirir, rehabilitar, construir, demoler y financiar la autoproducción de vivienda; comprar o urbanizar terrenos para unidades habitacionales, enajenar o arrendar viviendas, generando condiciones que permitan a personas trabajadoras obtener un crédito barato y suficiente.

Refiere que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estimó que ocho millones 855 mil 733 hogares se encontraban en condición de déficit habitacional, lo que equivale a 22.8 por ciento del total de hogares del país.