Avalan intervenir teléfonos y dan acceso a datos personales

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas que crean la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, cuyo propósito es permitir el acceso controlado judicialmente a bases de datos personales, biométricos, registros telefónicos, bancarios, fiscales, de salud, y otros, para fortalecer la inteligencia en materia de seguridad pública. 

La aprobación se dio por mayoría y fue enviada al Senado, en una sesión marcada por pancartas de protesta con la frase "Ley Espía" y símbolos como una corona fúnebre con la leyenda "Murió la democracia".

La nueva legislación otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional la facultad de solicitar y acceder a información sensible en posesión tanto del gobierno como de entes privados. 

Esta medida busca mejorar la capacidad del Estado para identificar y esclarecer delitos, especialmente los de alto impacto, permitiendo el acceso a registros de vehículos, propiedades, telecomunicaciones, empresas, catastro, armas, y padrones de detenidos.

La reforma contempla la creación de tres nuevas entidades: la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y la Plataforma Central de Inteligencia, esta última con la obligación de operar dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la ley. 

El CNI tendrá acceso a la información que maneje la Secretaría de Gobernación mediante la futura Plataforma Única de Identidad, lo que centraliza los datos ciudadanos para fines de seguridad e inteligencia.

Aunque se descartó la creación del controvertido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, se conservaron facultades para intervenir telecomunicaciones con fines de inteligencia. 

Además, se establece la obligación de crear una Academia Nacional de Seguridad Pública que profesionalice a los cuerpos policiacos en temas como operaciones especiales, inteligencia y alto mando, aplicable a los tres niveles de gobierno.

También se amplían las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que podrá condicionar o retirar recursos a estados y municipios que no cumplan sus acuerdos. 

Por otro lado, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario deberá asegurar que en las cárceles se bloqueen permanentemente las señales de telefonía y radiocomunicación. 

Esta centralización del control generó fuertes críticas de la oposición.

Legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron las reformas como una estrategia para combatir al crimen organizado que se oculta tras el anonimato digital. 

Sin embargo, la oposición las calificó de autoritarias y advirtieron sobre un posible uso indebido de los datos personales, señalando que se trata de un fortalecimiento del aparato de vigilancia estatal bajo el pretexto de la seguridad.