Cerca de 20 millones de mexicanos reciben pensión: Ariadna Montiel

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que, por primera vez en la historia de México, más de 18.2 millones de adultas y adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad reciben una pensión.

Indicó que las Pensiones para el Bienestar han contribuido a la reducción de la pobreza en 13.5 millones de mexicanas y mexicanos. "El presupuesto es del pueblo y regresa a las y los mexicanos a través de los programas y pensiones, esto es posible gracias al manejo adecuado del presupuesto y austeridad".

Comentó que a la fecha la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores brinda a más de 13.6 millones de beneficiarios de 65 años de edad o más un pago de 6 mil 400 pesos bimestrales de forma directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar. La Pensión Mujeres Bienestar da a 3 millones de mexicanas de 60 a 64 años un pago de 3 mil 100 pesos bimestrales, para reconocer su esfuerzo en el cuidado de su familia.

Además, 1.6 millones de derechohabientes reciben el pago de 3 mil 300 pesos bimestrales de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Las pensiones se fortalecen con el Programa Salud Casa por Casa, el cual da seguimiento a la salud de 14.5 millones de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, a quienes los servidores de la salud ofrecen consultas médicas domiciliarias y gratuitas.

Detalló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las Pensiones para el Bienestar se fortalecen para llevar bienestar a todos los rincones del país y "hoy son derechos que coadyuvan a combatir la pobreza y desigualdad. Las Pensiones para el Bienestar son para siempre".

Asimismo, la funcionaria subrayó que estos programas sociales continuarán ampliando su cobertura en los próximos meses, con el objetivo de incorporar a más beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos, especialmente en comunidades rurales y de alta marginación.

Finalmente, reiteró que el gobierno federal mantendrá como prioridad la entrega directa de los apoyos, sin intermediarios, a fin de garantizar transparencia y evitar prácticas indebidas, al tiempo que se refuerzan los mecanismos de supervisión y seguimiento de los recursos públicos.