Cerca del 60% de candidaturas a la SCJN carecen de carrera legal

El Primer Informe del Observatorio Universitario del Proceso de Elección Extraordinaria a la SCJN de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, informó que, del total de las candidaturas a la elección judicial, casi el 60% carece de carrera judicial y sólo el 0.28% del padrón electoral sigue alguna de ellas en las redes sociales.

El observatorio alertó sobre la falta de transparencia, preparación judicial y equidad en la contienda, además de riesgos de exclusión democrática.

Entre los hallazgos en su análisis a las 63 personas candidatas a la SCJN se detectó que el 41.3% de las candidaturas tienen carrera judicial, mientras que 58.7% no la tienen. Asimismo, más del 70% de las y los aspirantes no cuenta con especialización en temas clave como medio ambiente, pueblos indígenas o personas con discapacidad.

Asimismo, el Observatorio denuncian graves inconsistencias en la presentación de currículums, uso de redes sociales con perfiles poco profesionales. Los estudiantes que integran el Observatorio, también alertaron sobre posibles prácticas de nepotismo, vínculos partidistas y perfiles con antecedentes preocupantes.

El informe también pone en evidencia la falta de accesibilidad en el proceso. Se documentó la ausencia de boletas en braille y de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana para personas con discapacidad, así como la falta de acciones afirmativas para grupos históricamente excluidos.

"La elección se presenta como democrática, pero sin contrapesos reales puede perpetuar la centralización y elitismo del Poder Judicial", concluyeron.

El informe también critica que no se ha generado una campaña pública eficaz para dar a conocer las trayectorias, propuestas y funciones que tendrán las personas electas, lo que limita la capacidad de decisión informada de la ciudadanía.

Además, el Observatorio cuestiona la legitimidad del proceso al identificar que muchas de las candidaturas parecen responder a cuotas políticas o intereses de grupos cerrados, lo que compromete la independencia del Poder Judicial.

Finalmente, se recomendó establecer criterios mínimos de idoneidad judicial, lineamientos claros de transparencia y participación ciudadana efectiva en futuras elecciones, con el objetivo de garantizar un proceso verdaderamente democrático y representativo.