Cuestionan cifras oficiales sobre los desaparecidos

Las cifras sobre desapariciones presentadas el viernes por la presidenta encendieron alertas entre organizaciones, especialistas y familias, que señalaron falta de claridad metodológica, ausencia de consulta previa y el riesgo de reducir la dimensión de una crisis que, sostienen, supera las 132 mil en el país.

Para organismos de derechos humanos y la academia, el problema no se limita al número, sino a la forma en que se construyen, interpretan y comunican los datos, lo que podría generar incertidumbre y debilitar las obligaciones del Estado.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, subrayó que el propio Estado reconoce al menos 132 mil 534 personas desaparecidas, una cifra que no admite interpretaciones a la baja sin evidencia sólida. "En este país seguimos sin saber dónde hay 132 mil personas", afirmó.

Advirtió que cualquier reinterpretación debe sustentarse en pruebas contundentes: "Si se dice que hay más de 40 mil personas con actividad posterior a su desaparición, la autoridad tiene la obligación de presentar prueba de vida. Un registro administrativo no es prueba de vida".

Indicó que "la primera preocupación es que se dé información sin haber sido compartida ni validada con las familias. Sin las familias, no".

Alertó además que la ambigüedad puede causar daño emocional: "No se entiende qué significa exactamente 'actividad posterior'. ¿Fue hace un mes, hace años? Esa ambigüedad no da certeza ni tranquilidad". "Las personas en México no merecemos vivir así", dijo.

En paralelo, madres buscadoras expresaron indignación ante lo que consideran un intento de desestimar la magnitud del problema. Elena López Gutiérrez calificó el informe como "indignante" y denunció revictimización.

"Es indignante de verdad, esto lo venimos enfrentando desde la administración pasada. No sé cuál es la intención de no decir las cifras reales. Todo lo que dicen ahí a mí se me hace lo peor, un crimen".

Relató que, pese a que el cuerpo de su hija fue identificado, aún no le ha sido entregado, lo que evidencia fallas estructurales. "Esto es morir en vida, te roban la vida, es un martirio. La cuestión de desaparecidos es lo que menos importa al gobierno", lamentó. "Nosotras hacemos el trabajo de las autoridades, de la Comisión de Búsqueda y de la policía. Salimos al campo con nuestras propias manos", denunció y agregó que nunca fue recibida por autoridades. "Nos enfrentamos a omisiones, negligencias, no tienen sentimientos".

Desde el Centro Prodh, María Luisa Aguilar advirtió que la revisión de cifras parte de una premisa preocupante: minimizar o excluir la responsabilidad del Estado.

"Se está planteando que muchas desapariciones responden únicamente al crimen organizado o a decisiones individuales, lo cual ignora que hay casos con participación o tolerancia de agentes estatales", explicó.

Señaló que el enfoque podría trasladar la carga a las víctimas. "Lo que preocupa es que se está sugiriendo que la responsabilidad de dar seguimiento recae en las familias, cuando es una obligación del Estado".

Agregó que "hay más de 46 mil casos sin datos suficientes y no se explica cómo se va a subsanar esa omisión". También destacó la brecha en la procuración de justicia: "Estamos hablando de poco más de 3 mil carpetas frente a más de 130 mil personas. Eso refleja la impunidad", expuso.

Desde la academia, Andrea Horcasitas advirtió que "reducir el problema a 43 mil personas sin actividad registrada minimiza una tragedia de dimensiones profundas. Parece un intento de gestionar la percepción más que de reconocer la magnitud".

Cuestionó la falta de transparencia en la depuración de registros: "No sabemos con base en qué criterios se determina que una persona está localizada".

También alertó sobre el riesgo de invisibilizar la responsabilidad estatal y sobre las omisiones en la información: "Eso implica una omisión grave del Estado en el levantamiento de datos y no se presentaron acciones claras para corregirlo".