Desmantelan red de tráfico de migrantes

La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo de un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, con sede en Tijuana, vinculación a proceso en contra de cinco personas por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

Ubaldo "N", Nohe "N", María Raquel "N" alias "La Tía", Dalia "N" y José Antonio "N" conformaban una organización de tráfico de personas que fue desmantelada.

Los detenidos operaban en la frontera de México con Estados Unidos, la cual se dedicaba a internar de manera ilegal a ese país a migrantes, en su mayoría procedentes de Sudamérica, a quienes exigían el pago de aproximadamente 19 mil dólares por cada cruce.

De acuerdo con la investigación, la red criminal se asentó en Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana, en Baja California, así como en Piedra Imán, Guerrero; tres de estas personas tenían funciones de dirección en la estructura delictiva y dos subordinados, dedicándose al traslado y alojamiento de indocumentados para llevarlas a territorio estadunidense, además de realizar transacciones de las ganancias obtenidas ilícitamente.

La detención ocurrió en días recientes cuando se ejecutaron de manera simultánea órdenes de aprehensión libradas por un juez de Control, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas: dos se cumplimentaron en Tijuana, dos en Ensenada y una en el poblado Piedra Imán.

Ubaldo "N" presuntamente fungía al menos desde 2021 como coordinador de su propia célula criminal con funciones de dirección y de coordinación de tráfico de personas hacia los Estados Unidos, además de que era el responsable de fijar el precio de cada cruce ilegal; sus zonas de operación eran Tijuana y Piedra Imán.

Se calcula que en promedio esta organización delictiva ingresaba mensualmente a unas 80 personas de forma ilícita a territorio estadunidense, lo que les permitía obtener ganancias de más de un millón y medio de dólares durante dicho periodo.

La FGR informó que derivado de una investigación conjunta con autoridades del Gobierno de Estados Unidos y de Brasil, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron las órdenes de aprehensión.