Detienen en EU a socia de la guardería ´ABC´

Padres y madres de las víctimas del incendio de la Guardería ABC, ocurrido en 2009, se enteraron que Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la estancia infantil, fue detenida el fin de semana en Estados Unidos, por lo que exigen a las autoridades mexicanas su inmediata extradición, ya que estaría buscando asilo político en aquel país.

En una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños explicó el largo y doloroso camino que han recorrido en busca de justicia por las víctimas. "Nos hemos enterado de manera extraoficial que la C. Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC, se encuentra detenida en el Centro de Detención de la Ciudad de Eloy, Arizona, como consecuencia de la ficha roja entregada a la Interpol por la orden de reaprehensión librada en su contra para que cumpla con la sentencia definitiva y firme que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso en su contra", se lee en la misiva.

Sandra Téllez es una de las cuatro socias de la estancia, Sin embargo,  fueron exonerados Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella y Gildardo Urquídez Serrano, mientras que Antonio Salido Suárez tiene sentencia firme.

El 5 de junio de 2009, se suscitó un incendio que provocó la muerte de 49 menores, así como 24 niños y 25 niñas gravemente lesionados con quemaduras de primero, segundo y tercer grado, y 81 menores más con heridas leves o con intoxicación pulmonar por la inhalación del humo.

En un inicio, 32 personas fueron procesadas por el incendio (incluyendo funcionarios de alto rango), pero la lista se depuró a 22, a unos los absolvió un juez y a otros por sobreseimiento y haberse declarado extinguida la acción penal, así como por el perdón otorgado por los ofendidos. 

El 13 de mayo de 2016, el Juez Primero de Distrito, Raúl Martínez, condenó por homicidio culposo a 19 personas y absolvió a tres más.

Tras varias apelaciones y amparos, el expediente fue atraído por la Suprema Corte y luego turnado al Tribunal Colegiado de Apelación de Baja California que este año emitió nuevas sentencias, pero resolvió que el Juez Primero de Distrito las ejecute.

Sandra y Antonio fueron condenados a cinco años y siete meses de prisión, cada uno.