Diputados avalan eliminar "pensiones doradas"

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, sin modificaciones, la reforma constitucional para eliminar las llamadas "pensiones doradas", e imponer un límite que no debe exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal.

Después de seis horas y media, sin que ninguna reserva fuera aceptada por Morena, se emitieron 363 votos a favor y 64 en contra y 25 abstenciones. 

Y fue enviada a los Congresos locales para su aprobación. Incluso, la mayoría desechó dos reservas de su aliado, el PT, que proponían eliminar el artículo transitorio que establece la retroactividad de la reforma, y otro para excluir al personal técnico de Pemex que no está incluido en el Apartado B.

Previamente, a las 14:47 horas, el pleno avaló el dictamen en lo general por unanimidad, por 458 votos a favor. Y aunque PAN y PRI apoyaron la reforma, se manifestaron en contra de que se aplique la retroactividad.

Durante la discusión, legisladores de oposición advirtieron que la retroactividad de la reforma podría vulnerar derechos adquiridos de trabajadores en retiro, lo que eventualmente abriría la puerta a controversias legales y amparos en tribunales. 

No obstante, la mayoría parlamentaria defendió la medida al considerar que busca corregir privilegios excesivos en el sistema de pensiones.

Diputados de Morena argumentaron que el objetivo es garantizar mayor equidad en el uso de recursos públicos, al evitar pagos elevados a exfuncionarios, mientras que se prioriza el gasto social. 

Señalaron que la reforma responde a una demanda ciudadana de eliminar beneficios considerados injustificados.

Por su parte, integrantes del PAN y PRI coincidieron en la necesidad de poner límites a las pensiones altas, pero insistieron en que los cambios deben respetar el marco legal vigente y no afectar derechos previamente adquiridos por trabajadores del Estado.

La reforma ahora deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por la mayoría de los congresos estatales para poder entrar en vigor, en un proceso que definirá el alcance final de las nuevas disposiciones en materia de pensiones públicas.

Además, especialistas en derecho constitucional señalaron que uno de los puntos más sensibles será la interpretación de la retroactividad, ya que podría ser impugnada si se considera que afecta beneficios previamente otorgados conforme a la ley. En ese sentido, prevén que el tema podría escalar hasta la Suprema Corte para definir su alcance. Organizaciones civiles y analistas también destacaron que la reforma representa un paso relevante en el debate sobre la austeridad en el servicio público, aunque advirtieron que su impacto real dependerá de su correcta aplicación y de que no genere vacíos legales que permitan mantener esquemas de pensiones elevadas bajo otros mecanismos.

Asimismo, expertos en finanzas públicas señalaron que la implementación de esta reforma podría generar ahorros significativos a mediano y largo plazo, aunque advirtieron que será necesario establecer mecanismos claros de supervisión para evitar simulaciones o esquemas alternos que permitan mantener beneficios elevados fuera del nuevo marco legal.