Enfrentan retos y presiones la nueva Suprema Corte

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentará desafíos sin precedentes a partir del 1 de septiembre de 2025, entre ellos, la resolución de más de mil 300 casos rezagados sin el apoyo de las salas, ya que la reforma judicial establece que el pleno —ahora reducido de 11 a nueve ministros— será el único encargado de dictar sentencias. 

Este nuevo modelo exige que cada asunto sea resuelto en un plazo máximo de seis meses, bajo amenaza de sanciones si no se justifica el incumplimiento ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

De los nueve nuevos ministros electos, sólo tres tienen experiencia previa en la SCJN, lo que genera preocupación por la curva de aprendizaje que enfrentarán los seis restantes en medio de la carga de trabajo y la exigencia de celeridad. 

Expertos advierten que esto podría derivar en una práctica recurrente de justificar retrasos con argumentos administrativos o políticos, facilitada por un Tribunal de Disciplina Judicial supuestamente alineado con el oficialismo, lo cual debilitaría los mecanismos de control y vigilancia interna.

Analistas como Sebastián Godínez y Francisco Burgoa han calificado el proceso electoral como una estrategia para capturar al Poder Judicial, advirtiendo que la presión por cumplir con plazos podría comprometer la calidad de las sentencias y someter a la Corte a criterios políticos.

Además, alertan sobre una posible simulación en la supervisión disciplinaria y temen que las resoluciones judiciales se alejen del derecho para responder a intereses del régimen.