Golpean redadas del ICE a mexicanos: AI

 Detenciones por el color de piel o el acento, familias encerradas por miedo y niños que dejaron de asistir a clases forman parte de los efectos de los operativos migratorios en Estados Unidos documentados por Amnistía Internacional (AI) en una investigación que incluyó a integrantes de la comunidad mexicana.

En su informe "Teníamos silbatos, ellos tenían armas", la organización pidió disolver el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras identificar detenciones arbitrarias, uso ilegítimo de la fuerza y condiciones de reclusión que podrían constituir tortura.

La investigación abarca cuatro operaciones federales en Washington, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis-Saint Paul. Amnistía entrevistó a 154 personas entre marzo y junio de 2026, incluidos miembros de las comunidades mexicana, guatemalteca y hondureña afectados directamente y sus familiares. El documento no precisa cuántas víctimas eran mexicanas.

Los agentes decidían a quién detener a partir de características como el color de piel, el origen étnico, el idioma y el acento, señaló la organización. También dirigían sus acciones hacia restaurantes, obras de construcción y estacionamientos donde se reunían jornaleros.

De acuerdo con los hallazgos, en ocasiones verificaban la situación migratoria después de detener a las personas. En otros casos ignoraban los documentos o explicaciones con los que éstas intentaban acreditar su estancia regular.

Las detenciones también alcanzaron a ciudadanos estadounidenses, personas indígenas, refugiadas y solicitantes de asilo.

"No se trataba de hechos aislados ni excepcionales, sino que eran característicos de la manera en que se llevaban a cabo las operaciones", sostiene Amnistía.

El informe describe a agentes con el rostro cubierto, fuertemente armados, sin identificación visible y a bordo de vehículos sin distintivos. Documentó entradas a viviendas sin orden judicial, vidrios de automóviles rotos sin justificación y personas arrojadas al suelo pese a no oponer resistencia.

La violencia también alcanzó a quienes vigilaban o grababan los operativos. La organización registró amenazas con armas de fuego, empujones y detenciones de observadores, además del uso de gas lacrimógeno y otras sustancias irritantes contra manifestantes pacíficos.

Entre los casos examinados figuran los disparos contra Silverio Villegas González y Marimar Martínez, en Chicago. Amnistía consideró que el homicidio de Villegas González, así como los de Renee Good y Alex Pretti, en Mineápolis, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.