Identifican a estadounidenses que compran armas para el narco

Los cárteles mexicanos consiguen parte de sus armas mediante personas que viven, compran y hacen negocios dentro de Estados Unidos, entre las que se cuentan a ciudadanos estadounidenses, quienes cobran por adquirir un arma de fuego a nombre propio, pero también hay organizadores que reúnen compras de varios estados de EU y proveedores que mantienen relaciones con dirigentes del crimen organizado en México.

Documentos federales estadounidenses describen una división de tareas que habla de estructuras organizadas. Hay que seguir a quienes reciben los pedidos, quienes aportan el dinero y deciden quién comprará y transportará las armas. 

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EU (GAO) confirmó este sistema operativo en un informe publicado el 28 de septiembre; la investigación, basada en documentos y entrevistas con autoridades de ambos lados de la frontera, describe intermediarios independientes y otros integrados en los cárteles. 

"Gran parte de las personas reclutadas como compradores vienen de familiares, amigos y contactos en redes sociales, lo que por supuesto incluye a ciudadanos estadounidenses y residentes legales sin antecedentes penales. Algunos compradores desconocen al destinatario final, es decir, cárteles de la droga en México", señala el experto en seguridad nacional Jaime Ortiz a EL UNIVERSAL.

De acuerdo con informes del Departamento de Justicia (DOJ), cuando una persona acepta comprar por encargo, el organizador puede proporcionarle el dinero y señalarle el arma que necesita. El comprador aparece ante el vendedor autorizado como responsable de la adquisición y declara que la compra es para sí mismo.

El DOJ documentó ese mecanismo en una acusación contra José Juan Flores, estadounidense de Fort Worth, Texas; habría recibido aproximadamente 2 mil 500 dólares por adquirir dos rifles para Óscar Guadalupe Cruz González, quien aportó más de 25 mil dólares para el pago correspondiente de las armas. 

"La compra de armas para segundas personas los convierte en cómplices, sepan o no el destino final; aunque no la convierte en un integrante permanente de una organización criminal", dice Ortiz, y explica que la participación de un tercero puede terminar cuando entrega el arma y cobra. Para un investigador, el nombre registrado en la compra constituye el comienzo de la pesquisa; todavía debe establecerse quién proporcionó los fondos y recibió el producto. 

Al reunir varias compras, el intermediario transforma encargos individuales en un abastecimiento sostenido; un ejemplo en una investigación del norte de Texas divulgada en septiembre de 2023, donde el DOJ informó de un grupo acusado de adquirir más de 100 armas que posteriormente fueron traficadas a México, José Carlos Rivas-Chiarez admitió que dirigía a varias personas para que compraran para él. Los agentes encontraron más de 150 cajas vacías en su vivienda, mensajes sobre precios y entregas y una grabación que lo mostraba acompañando a un comprador dentro de una armería. 

Esas pruebas permiten reconstruir cómo opera una coordinación en estos casos; los registros de venta identifican las adquisiciones, las comunicaciones relacionan a los participantes y los pagos ayudan a determinar quién financia cada operación de compra, la repetición de instrucciones y entregas puede demostrar que varias personas trabajan para un mismo organizador. En el expediente de Rivas-Chiarez, las cajas, los mensajes y las imágenes permitieron examinar lo que había detrás de las compras; el vendedor que aparece en una factura no queda automáticamente implicado; hace falta establecer si conocía y facilitaba la operación ilegal. Sin embargo, "sí se dan casos donde la armería o, al menos, el vendedor, generalmente estadounidenses, también están integrados en este acto de compra-venta para el crimen mexicano", subraya Ortiz.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas informó en septiembre de 2025 de una organización que adquiría armas desde 2022 en Louisiana, Alabama, Oklahoma, Carolina del Norte y Tennessee; después las reunía en Texas para enviarlas a México, la investigación permitió decomisar cerca de mil armas. 

La relación con los cárteles aparece de manera explícita en el caso de Keith Octavio Rodríguez Padilla; según los registros judiciales descritos por DEA y compartidos con este diario, "trabajaba con integrantes de alto rango de la organización Valenzuela, vinculada al Cártel de Sinaloa; conseguía armas, municiones y equipo durante un enfrentamiento con otra facción del mismo cártel". Se confirmó que parte de las armas procedían de California, Arizona y Nevada. Rodríguez Padilla fue condenado en San Diego, California, a 19 años y medio de prisión en enero de 2025. 

"Generalmente el proveedor de las armas conoce a quienes solicitan el abastecimiento y coordina los recursos para atenderlos", comenta el especialista.

 En una instalación de transporte comercial de San Diego vinculada con esa estructura, investigadores estadounidenses encontraron aproximadamente 20 mil cartuchos calibre .50 y cientos de portaplacas balísticos, además de drogas y dinero. La documentación de la DEA sitúa el suministro dentro de una infraestructura criminal que manejaba diferentes productos y recursos, con funciones distribuidas entre los participantes. 

En documentos del DOJ aparecen conversaciones entre colaboradores y miembros del narco mexicano sobre precios, disponibilidad y fechas de entrega. La fiscalía estadounidense relaciona esa presunta operación, establecida en Amarillo, Texas, con el Cártel de Sinaloa. 

En otro caso, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas informó que Shawn Bisnauth "organizaba compras de armas en Carolina del Sur y coordinaba para enviarlas a Texas para intercambiarlas por narcóticos y otros colaboradores distribuían esas drogas en Carolina del Sur para obtener sus ganancias". Bisnauth dirigía sus operaciones desde una prisión estatal entre 2022 y 2024; en agosto de 2026 recibió 25 años de prisión. El tribunal lo responsabilizó de colocar armas en manos de integrantes de cárteles mexicanos. 

El crimen organizado mexicano busca relaciones que sobrevivan a una sola entrega, de acuerdo con el informe de la DEA. 

En agosto, la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas informó que un jurado declaró culpable a Chandler Britain Bradford, de New Braunfels, ciudad entre San Antonio y Austin. Había suministrado a un asociado de la zona de Monterrey componentes suficientes para fabricar aproximadamente 5 mil 700 rifles semiautomáticos; recibió más de 3.5 millones de dólares y proporcionó herramientas y asesoramiento. 

"Lo más peligroso de este caso es ver cómo una operación criminal ayudó a establecer una capacidad de fabricación de armas en México, además de abastecer piezas", subraya Ortiz. "El otro camino a seguir para este tipo de investigaciones son los cartuchos; una vez que se cuenta con las armas, alguien debe estar reabasteciendo las balas de todos los calibres", señala. 

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas documentó compras de más de 2 millones de cartuchos en una conspiración de lavado en la que Erving Alberto Sauceda se declaró culpable en junio de 2024. Entre agosto de 2021 y abril de 2024, la organización adquirió municiones y cargadores por un millón 57 mil 464 dólares mediante distintos vendedores por internet; los productos llegaban al sur de Texas para su exportación ilegal a México. 

La Fiscalía Federal de Arizona acusó en marzo a Laurence Gray, propietario de Grips By Larry, en Hereford, al sureste del estado, de intentar suministrar armas al Cártel Jalisco Nueva Generación y de conspirar para apoyar a ese grupo y al Cártel de Sinaloa.  

El valor total del abastecimiento estadounidense sigue sin una estimación federal pública actualizada. La ATF clasificó como de procedencia estadounidense 22 mil 817 de las 32 mil 144 armas recuperadas en México durante 2025 y sometidas a rastreo: aproximadamente 71%. La GAO recogió 692 arrestos y 443 condenas derivados de investigaciones de tráfico de armas hacia México durante los años fiscales 2020–2025, sin desglose de ciudadanía, pero con aceptación que ciudadanos estadounidenses conforman un porcentaje importante.  

La Misión Cortafuegos, anunciada por ambos gobiernos en septiembre de 2025, comprometió mayores inspecciones e intercambio de información. "Algunos decomisos menores acreditan cargamentos detenidos, pero demostrar una reducción sostenida del tráfico de armas hacia México exige ir mucho más allá; como investigar compradores, organizadores, proveedores y el origen del dinero, cosa que no ha sucedido", dice Ortiz.  Cinco años después de recibir la recomendación de analizar información adicional sobre armas estadounidenses recuperadas en México, ICE seguía sin acreditar su cumplimiento ante los auditores federales.

El dato

En documentos del DOJ aparecen conversaciones entre colaboradores y miembros del narco mexicano sobre precios, disponibilidad y fechas de entrega.