Impugna FGR suspensión que frena orden de aprehensión

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión provisional otorgada al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, contra la orden de aprehensión que se giró en su contra por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.

El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal deberá resolver, en un plazo de 48 horas, si confirma, modifica o revoca la suspensión concedida al exmandatario señalado junto con sus cuatro excolaboradores de causar un dan~o patrimonial por 3 mil 400 millones de pesos por la compra a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro en esa entidad.

Los exfuncionarios son: Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de esa misma dependencia y Antonio Bernal Bustamante, extitular de la SSP permanece en prisión preventiva justificada.

En tanto, Silvano Aureoles realizó el pago de garantía de 52 mil pesos que le impuso el secretario en funciones de juez en el juzgado decimoprimero de distrito en materia penal para mantener vigente la suspensión y frenar su detención aunque se le imponga la prisión preventiva justificada.

El caso ha generado reacciones divididas entre actores políticos en Michoacán, mientras algunos consideran que se trata de una persecución política, otros exigen que se llegue al fondo del asunto y se sancione cualquier acto de corrupción comprobado, independientemente del cargo que haya ocupado el implicado.

Además, la defensa legal de Aureoles adelantó que recurrirá a instancias internacionales si se confirma la orden de aprehensión, argumentando que el proceso tiene tintes políticos y busca inhabilitar al exgobernador de futuras contiendas electorales. Señalaron que no existen pruebas suficientes para justificar la medida cautelar de prisión preventiva y aseguraron que su cliente se encuentra en disposición de colaborar con las autoridades.