ISSSTE ordena brindar servicios de aborto en sus clínicas

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el acuerdo firmado por el Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, que establece, por primera vez en la historia del instituto, un procedimiento formal para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en sus unidades médicas. 

Este acuerdo entrará en vigor el 24 de enero de 2025 y representa un avance significativo en materia de salud reproductiva, reconociendo derechos fundamentales para todas las personas que requieran este servicio.

La medida garantiza que todas las personas que soliciten la ILE en el ISSSTE recibirán orientación preventiva y un seguimiento adecuado, promoviendo tanto la libertad reproductiva como el consentimiento informado. 

Esto incluye la provisión de apoyo emocional y psicológico, proporcionado por personal capacitado, en un entorno seguro y confidencial. 

Además, el acuerdo resalta la importancia de la protección de los datos personales de las pacientes, asegurando la privacidad de la información.

El protocolo establecido también tiene en cuenta a las personas que hayan sido víctimas de delitos, implementando el principio de no revictimización.

Esto implica que el personal médico involucrado en el procedimiento deberá estar especialmente capacitado no solo en cuestiones técnicas de la ILE, sino también en temas relacionados con el trato digno, respetuoso y sin prejuicios hacia quienes han sufrido violencia.

La Dirección Médica del ISSSTE ha detallado que este enfoque integral es esencial para garantizar una atención adecuada y humanitaria.Otro aspecto clave de este acuerdo es que las unidades médicas del ISSSTE deberán contar con suficiente personal de salud no objetor de conciencia, es decir, profesionales dispuestos a realizar el procedimiento, garantizando que no haya interrupciones en el acceso al servicio. 

Para asegurar la correcta ejecución de la ILE, el procedimiento se llevará a cabo siempre con el consentimiento firmado de la persona usuaria, además de asegurar que sus derechos a la información y a la libre elección sean respetados en todo momento.