Morena perfila aprobación del Plan B en comisiones

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Tras subsanar algunas observaciones de técnica legislativa, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República convocaron a las 13:30 horas de este martes a la sesión extraordinaria para discutir y votar el dictamen del Plan B de la reforma electoral.
Las y los senadores de ambas comisiones recibieron el dictamen esta madrugada.
El texto mantiene la propuesta presidencial de que la consulta de revocación de mandato se pueda realizar el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio de la persona titular del Ejecutivo, tema en el que el Partido del Trabajo ha expresado su desacuerdo.
Se corrige el número de regidores en ayuntamientos para evitar que tengan que aumentarse en los municipios más pequeños y se recupera el tema de la paridad de género, que en la iniciativa presidencial había sido eliminado.
Se mantiene el recorte al presupuesto de los Congresos estatales, que no podrá aumentar arriba de la inflación y se propone una disminución de 15 por ciento a los recursos asignados al Senado de la República.
La iniciativa se inspira en los principios de uso eficiente del gasto, con un claro compromiso en el cuidado de los recursos, para que los ahorros se destinen a quienes más lo necesitan; y por el otro, el fortalecimiento de la democracia directa a través de la revocación de mandato, con el objeto de que el pueblo cuente con un instrumento constitucional que garantice que un gobernante que no procure el bienestar de la población o atente contra el interés popular nacional sea revocado en su mandato de manera institucional y pacífica.
En ese contexto, en la iniciativa se propone modificar el artículo 134 de la Constitución para prever que todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México, ajusten sus remuneraciones a los límites que se establecen en el artículo 127 de la propia Constitución; y se determinan los casos en los que se prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio de los servidores públicos usando recursos del Estado, tal como el Seguro de Separación Individualizado o las cajas de ahorro especiales, con excepción de aquellos derechos cuya obligación de otorgarlos derive de ley, contratos colectivos de trabajo o condiciones generales de trabajo.
Esto implica que en los presupuestos públicos, federales y locales, se ajustarán sus montos conforme a lo siguiente:
En el caso del Senado, se establecen obligaciones de diagnóstico y ajuste presupuestario a partir del siguiente ejercicio fiscal de un 15% respecto al presupuesto aprobado en 2026, conforme a las disposiciones y valores constitucionales, para buscar que la élite política partidista que tanto tiempo mantuvo el poder y que lo concentró de manera excesiva, alejada de la realidad y de la dinámica social, comprenda que el postulado de los cargos públicos es servir al pueblo y no a las cúpulas partidistas que tanto daño han hecho a este país.
Se propone una nueva integración de los ayuntamientos para que ajusten su composición a una persona síndica y a un máximo de quince personas regidoras por municipio, evitando que dicha integración se pervierta por criterios de utilidad o renta política, o por beneficios personales, y responda en cambio a un genuino criterio de representación democrática.
"Con el objetivo de disminuir los costos de operación y organización, así como el agotamiento de la ciudadanía, y recogiendo el sentir popular, se propone ampliar el periodo de solicitud de la revocación de mandato, a fin de que pueda realizarse en el tercer o cuarto año del ejercicio del Mandato", plantea la iniciativa, que propone permitir a la persona titular del Ejecutivo hacer campaña en su favor.