Ordena tribunal a FGR compartir carpeta del caso López Arellano

Un tribunal colegiado ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar al capitán de navío Humberto Enrique López Arellano las copias necesarias de la carpeta de investigación que tiene abierta por su implicación en la red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, presuntamente encabezada por los sobrinos políticos del exsecretario de marina, José Rafael Ojeda Durán.

Además, le pidió que responda a la solicitud del marino con la intención de que le devuelvan pertenencias y objetos asegurados, derivado de la indagatoria del que se considera el mayor caso de corrupción en la aduanas en el país.

Magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron que la FGR debe responder acerca de los requerimientos del procesado para la resolución del asunto.

En enero de 2026, López Arellano presentó un amparo contra la omisión de la FGR de contestar su escrito de la expedición de copias de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/2024 y la negativa de devolverle pertenencias aseguradas.

Debido a lo anterior, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal concedió al marino una suspensión definitiva para efecto de que se le entregaran la totalidad de las constancias de la carpeta de investigación, resolución que impugnó la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado declararon parcialmente infundada la queja de la FGR contra la entrega de la totalidad de la investigación.

La Fiscalía acusa a Humberto Enrique López Arellano, exdirector de supervisión de Aduanas Marítimas, de simular la revisión a buques cargados con combustible y obtener ingresos por más de 13 millones de pesos (mdp) entre 2020 al 2024.

El caso forma parte de una de las investigaciones más relevantes sobre presunto huachicol fiscal en aduanas marítimas, donde autoridades federales indagan posibles operaciones irregulares relacionadas con el ingreso y traslado de combustible al país. La red investigada habría operado durante varios años mediante supuestas omisiones en inspecciones portuarias y esquemas de simulación administrativa.

De acuerdo con las indagatorias, la FGR mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar la posible participación de funcionarios y exservidores públicos vinculados con operaciones aduaneras. El tribunal reiteró que la Fiscalía deberá dar respuesta puntual a las solicitudes promovidas por la defensa del capitán de navío dentro del proceso judicial.

La resolución del tribunal no implica una absolución ni modifica el curso de la investigación penal, pero sí obliga a la FGR a garantizar el acceso a la información requerida por la defensa, en apego a los principios de debido proceso y derecho a una adecuada defensa jurídica.