Podrían organizaciones vulnerar legalidad de elección de jueces

MÉXICO.- La participación de organizaciones religiosas, sindicales, empresariales o de cualquier tipo en la elección judicial del próximo 1 de junio podría poner en riesgo de anulación los resultados en las urnas, si se comprueba injerencia indebida, alertaron especialistas en materia electoral.

De acuerdo con expertos, la ley establece reglas claras para permitir una participación limitada de estos grupos, como la organización de foros de debate en condiciones de equidad, sin embargo, su involucramiento directo con candidaturas está prohibido y puede considerarse una violación a la equidad del proceso.

Dania Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó que, aunque ciertos actores como sindicatos pueden organizar foros de discusión, no tienen permitido apoyar formalmente a un aspirante, ni directa ni indirectamente. 

En contraste, Ravel aclaró que las asociaciones religiosas no tienen permitido participar de ninguna manera en el proceso, ni siquiera promoviendo la participación ciudadana o llamando al voto, debido a la legislación vigente y los lineamientos del INE.

El exconsejero electoral Arturo Sánchez advirtió que la falta de participación de partidos políticos hace que esta elección sea menos vigilada y, por lo tanto, más vulnerable a irregularidades, como la intervención de organizaciones con intereses propios.

Sánchez también alertó sobre el riesgo que representa una baja participación ciudadana, similar a la que se registró en la revocación de mandato de 2022, donde apenas el 17.7% del padrón acudió a las urnas.

Otro factor que podría incidir en la baja participación es la austeridad presupuestal. Para este proceso se instalarán 84 mil casillas, un número muy por debajo del utilizado en elecciones federales ordinarias. 

Además, no se contempla el voto desde el extranjero, en ese contexto, los expertos consideran que el limitado número de casillas y la lejanía de algunas de ellas respecto a las zonas habitacionales desalientan el voto, como ya ocurrió durante la revocación de mandato, donde se reportaron traslados de hasta una hora para poder sufragar.

El INE también ha recibido menos solicitudes de observación electoral en comparación con otros procesos: de 55 mil peticiones, solo 25 mil 546 fueron aprobadas, mientras que más de 24 mil fueron desechadas por vínculos con partidos políticos, lo que debilita aún más la vigilancia del proceso.

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