Proponen eliminar cobros por titulación y cédula profesional

El grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso eliminar los costos por titulación en instituciones de educación superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y exentar del pago de la cédula profesional a quienes concluyan sus estudios con promedio mínimo de 8.5.

El coordinador de la bancada priista, Manuel Añorve Baños, destacó que esta iniciativa busca que ningún joven se quede "a medio camino" por no poder pagar el último trámite de su formación.

"Estamos hablando de jóvenes que ya cumplieron con todo: estudiaron, se esforzaron, terminaron su carrera. Y al final, cuando quieren titularse o sacar su cédula para conseguir trabajo, resulta que les cobran más de cinco mil pesos en universidades públicas, y hasta veinticinco mil en privadas. Eso no es justo. El derecho a la educación no termina en el salón de clases, se completa cuando puedes ejercer lo que aprendiste", afirmó.

El senador guerrerense sostuvo que esta iniciativa tiene una lógica muy clara: "Si el Estado invierte en educación, no puede permitir que esa inversión se quede estancada porque el joven no tuvo dinero para titularse. Eso es tirar el esfuerzo de todos: del estudiante, de su familia y del sistema educativo".

Añorve Baños explicó que la iniciativa plantea dos acciones clave: prohibir que las universidades con RVOE otorgado por la SEP cobren trámites de titulación como actas, revisión de tesis o expedición del título y otorgar la cédula profesional sin costo a quienes logren un promedio general igual o superior a 8.5. "Queremos premiar el mérito. Si una persona logra más de 8.5 de promedio, lo mínimo que podemos hacer es reconocerle el esfuerzo y quitarle ese gasto que, en muchos casos, es el freno para buscar trabajo", expresó.

El legislador priista reconoció que esta medida tiene impacto social, pero también económico.

La propuesta también contempla que la Secretaría de Educación Pública emita lineamientos operativos en un plazo no mayor a 90 días, y que las instituciones de educación superior ajusten sus reglamentos internos en un máximo de 120 días. "Aquí nadie se puede hacer el desentendido. Vamos a obligar a que estas disposiciones se cumplan en tiempo y forma", puntualizó.