Proponen inhabilitar a funcionarios vinculados con crimen organizado

El diputado Christian Castro Bello (PRI) propuso reformar el artículo 109 de la Constitución, para establecer la inhabilitación permanente de los funcionarios a los que se les comprueben vínculos con el crimen organizado.

"Toda persona que, mediante sentencia definitiva, sea declarada responsable de participar en actividades de delincuencia organizada quedará inhabilitada de forma permanente para acceder o desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión de carácter público, independientemente de que su origen derive de elección popular, designación, nombramiento o cualquier otro mecanismo previsto en la ley", refiere la iniciativa.

El legislador priista recordó los casos del "Cártel de la Barredora" en Tabasco, donde se acusó a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad local, de participar con dicha organización para cometer los delitos de robo de combustible, extorsión y narcotráfico.

Enlistó también el caso del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera (Morena), que fue detenido durante su mandato constitucional, acusado de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación e incurrir en el delito de extorsión.

Y a la red de contrabando de combustibles (huachicol fiscal), encabezada por funcionarios de la Secretaría de Marina, "causando así un daño de cientos de millones de dólares al fisco mexicano".

"En los últimos tiempos, la nación mexicana se ha visto lacerada por las actividades del crimen organizado en nuestro país, el cual se ha infiltrado dentro de las estructuras que componen los tres órdenes de gobierno, lo cual sirve de cimiento para la constitución de lo que se denomina como 'NarcoEstado'", refirió el priista.

Castro Bello destacó que organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada han alertado sobre la posible participación, apoyo o aquiescencia de funcionarios públicos en casos de desaparición, lo que agrava la percepción internacional sobre el Estado mexicano.

"Estamos ante una situación que rebasa el ámbito interno y afecta la credibilidad de México en el mundo. No podemos permitir que quienes deben proteger a la ciudadanía sean parte del problema", sostuvo.

La iniciativa será analizada en comisiones, donde se prevé que genere un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas, debido a su impacto en la carrera pública de funcionarios y posibles implicaciones constitucionales en materia de derechos políticos.