Rechaza Sheinbaum acusaciones de la ONU sobre desapariciones forzada

Luego de que el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro alertó sobre la crisis de personas desaparecidas y crisis forense en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Estado no participa en dicho delito y los expertos buscan criticar al gobierno de México.

"Este Comité de expertos, que no es precisamente de las organizaciones de Naciones Unidas, emite un documento que cuando uno lo lee es evidente que tiene otra orientación, que es criticar al gobierno de México, esencialmente. Y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas que nosotros consideramos, que dado que estamos atendiendo el tema, no tiene cabida", declaró la presidenta.

Durante la conferencia matutina de este martes 7 de abril, la mandataria detalló que el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Ochoa, sostuvo que las declaraciones del CED representan la opinión de sus 10 expertos independientes y no la de la ONU en su conjunto, ni de sus órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o el Secretario General.

"Este es un comité de expertos, no forma parte directa de la Organización de Naciones Unidas, no es la Unesco, es un comité de expertos nombrado por el Comité de (contra la) Desaparición Forzada. (...) Más allá de este tema, el tema es de fondo, si uno lee el documento, así viene, ellos utilizan un análisis del 2009 al 2017 en cuatro estados para extrapolar hasta el 2025", acusó Sheinbaum.

La Jefa del Ejecutivo explicó que el informe presentado por el CED no tomó en cuenta observaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) ni de la SRE, dijo al afirmar que solo se cometieron desapariciones forzadas en el periodo de la llamada Guerra Sucia. "Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí: lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre en México. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado debe ser sancionada, pero no es una orden de ninguna institución, puede ser un servidor público que llegue a cometer ese delito y debe castigarse porque no se solapa un delito", dijo.