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Viven incertidumbre pueblos dependientes de remesas

Viven incertidumbre pueblos dependientes de remesas
Los gobiernos locales piden un plan integral para atender a los deportados que regresen a México.

Publicación:26-01-2025
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En algunas regiones del país, los envíos monetarios representan hasta el 80% del ingreso familiar.

Alcaldes, líderes de organizaciones de migrantes y senadores han expresado su preocupación por las carencias en la atención a los municipios expulsores de mano de obra, especialmente ante la amenaza de deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump. 

En un contexto en el que muchos de estos municipios dependen económicamente de las remesas enviadas por migrantes, la falta de un plan integral para el empleo, la salud y la educación de los deportados podría generar una crisis social y económica en varias regiones del país.

El temor es especialmente grave en municipios de estados como Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Oaxaca, donde se concentra un alto porcentaje de la población migrante. 

Estas regiones, que son grandes receptoras de remesas, estarían en alerta ante la posibilidad de que más de 500 mil mexicanos sean deportados anualmente. 

Mientras que las remesas, que en algunas zonas representan hasta el 80% del ingreso familiar, son cruciales para la subsistencia de miles de familias.

De acuerdo con un estudio de BBVA, las remesas equivalen a más del 50% del ingreso bruto en al menos 11 entidades federativas. 

En Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, las remesas son especialmente significativas, cubriendo porcentajes que superan el 70% del ingreso estatal. 

Las autoridades locales temen que una reducción de estos flujos afecte gravemente la economía de sus comunidades, que sobreviven gracias a estos envíos monetarios.

La alcaldesa de Satevó, Chihuahua, Norma Muñoz, señaló que muchos municipios enfrentan dificultades para atender a la población deportada, especialmente en términos de salud y educación.

Además, destacó que la falta de programas como el "3 por 1", que hasta 2018 ayudaron a generar empleos con recursos de las remesas y del gobierno, ha dejado a muchos municipios sin incentivos económicos para afrontar los posibles efectos de la deportación masiva.

Por su parte, la alcaldesa de Salvador Escalante, Michoacán, María Dayana Pérez, expresó que los recursos disponibles son insuficientes para atender a los deportados. 

Aunque se han implementado programas como México Te Abraza y Cuarto Rosa, aún no se cuenta con un diagnóstico claro sobre el número de migrantes michoacanos que podrían ser afectados. 

Además, no existe una estrategia definida para la integración de los deportados en el sistema educativo o laboral.

El senador Mario Vázquez Robles, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, también advirtió sobre las consecuencias de la caída de las remesas.

Según el legislador, la pérdida de estos ingresos podría generar un aumento en la pobreza, el desempleo y la violencia, lo que afectaría gravemente a las economías regionales. 



« El Universal »