O hay un doble discurso, o hay ceguera humanitaria. O ambas cosas. El envío de petróleo a Cuba no alivia la crisis que vive la isla porque no llega directamente a los ciudadanos. Lo que se presenta como solidaridad es, en los hechos, el respaldo a un sistema de gobierno responsable de esa crisis, mientras México enfrenta carencias internas que exigen atención prioritaria del Estado.

La ayuda humanitaria no está en discusión. Lo que debe cuestionarse es su uso como coartada política, al mismo tiempo que se relegan las necesidades urgentes de la población mexicana. La lealtad de la presidenta Sheinbaum no debería estar con una afinidad ideológica ni con compromisos heredados, sino con el pueblo mexicano.

Cuba vive desde hace años en condiciones insostenibles. Con apagones constantes, escasez de alimentos y medicinas, infraestructura colapsada y una economía sin inversión productiva. A ello se suma la ausencia de libertades básicas. No hay libertad de expresión, ni medios independientes, ni derecho efectivo a disentir sin represalias. Existen presos políticos y la protesta social es criminalizada. En este contexto, la asistencia material sin cambios estructurales no resuelve nada.

El régimen cubano se mantiene desde 1959 bajo un sistema comunista de partido único. Durante décadas sobrevivió gracias al respaldo económico de la Unión Soviética y, más tarde, de Venezuela. Cuando esos apoyos se redujeron, México pasó a convertirse en uno de sus principales proveedores de petróleo y combustibles. Esta política se ha presentado como ayuda humanitaria, pero se maneja con opacidad: no hay información clara sobre cantidades, términos comerciales ni costos para el erario, ni evidencia de que beneficie directamente a la población cubana.

El sistema político cubano no ha demostrado capacidad para gobernar con eficacia ni responder a las necesidades de la población. Las elecciones no son libres ni competitivas, hay un solo candidato por distrito, previamente aprobado por estructuras controladas por el Partido Comunista. El presidente es electo por unanimidad de una Asamblea sin pluralismo. Miguel Díaz-Canel no gobierna con un mandato ciudadano, sino como continuador de un régimen que no permite alternancia ni rendición de cuentas.

A esta situación se suma una crisis demográfica profunda. Cuba tiene hoy entre 9 y 9.5 millones de habitantes, varios millones menos que hace una década. Desde 2021, más de un millón de cubanos —en su mayoría jóvenes— han salido del país. La isla se vacía, envejece y pierde fuerza laboral, haciendo inviable cualquier recuperación sin transformaciones de fondo.

Frente a este panorama, destinar petróleo y recursos públicos a un régimen extranjero no solo es políticamente cuestionable. Resulta aún más difícil de justificar cuando en México persisten el desabasto de medicinas, hospitales con carencias básicas, escuelas públicas deterioradas y una crisis de violencia que cobra miles de vidas cada año. Bajo estas condiciones, el discurso oficial de ayuda humanitaria a Cuba pierde sentido.

Incluso la presión de Trump logró lo que la exigencia ciudadana no ha conseguido: frenar temporalmente ese apoyo. Aun así, el gobierno insiste en buscar mecanismos para continuarlo.

Los cubanos necesitan elecciones libres, instituciones que respondan a la ciudadanía y la posibilidad de definir su propio modelo de desarrollo. La verdadera ayuda no es sostener un régimen autoritario, sino respaldar la reconstrucción de un sistema abierto, con libertades, reglas claras y capacidad para generar inversión, productividad y bienestar. Tras más de seis décadas, el modelo actual ha demostrado ser incapaz de ofrecer prosperidad y libertad a su población.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com