En todos los regímenes autoritarios los derechos humanos están en un peligro permanente, sea porque son suprimidos abierta y claramente, sea porque, aunque éstos estén reconocidos jurídicamente, su ejercicio conlleva costos e implicaciones graves para sus titulares. Los derechos humanos nacieron históricamente como mecanismos de protección de las personas frente a los poderes y, en particular, frente al poder político. Por eso, en las autocracias, caracterizadas por la concentración del poder y la arbitrariedad con la que éste se ejerce, la cancelación o restricción de esos derechos es algo consustancial e inevitable. Ello ocurre invariablemente, primero, con los derechos políticos y con aquellos que sustentan la posibilidad de disentir y de criticar al gobierno y, más tarde, con todos los demás.

Subrayar lo anterior es relevante, porque el pretexto de muchos autoritarios es que sus gobiernos no han cancelado los derechos y que su ejercicio sigue estando ahí, al alcance de todas las personas.

Así lo ha venido sosteniendo desde hace meses la presidenta Claudia Sheinbaum con un cinismo que raya en lo burlón. Bajo la premisa de que su administración respeta las protestas y no las reprime, que no se censura ni a los medios ni a los periodistas y que existe la libertad de expresión y de crítica, que la justicia no se ejerce con intencionalidades políticas y que los señalamientos y acusaciones que se hacen en sus conferencias de prensa matutina son sólo el ejercicio de su derecho de réplica, Sheinbaum proclama a los cuatro vientos su compromiso democrático y niega que el suyo sea un gobierno autoritario.

Pero no necesariamente hay que suprimir derechos para ser autoritario (aunque con la llamada "Ley anti-memes", por lo visto, el oficialismo ya se decidió a cruzar esa línea); basta con que se eleve el costo de ejercerlos y se generen consecuencias para quien lo haga, para serlo. Y eso es lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente desde que Morena llegó al poder hace ocho años. Quien hace uso de su libertad de expresión es exhibido y estigmatizado desde la tribuna presidencial, aparece en las listas de los enemigos del pueblo y, con ello, se vuelve sujeto del escarnio de afines y persecutores del régimen. A los medios independientes se les niegan contratos de publicidad gubernamental (mientras que a los medios afines se les apapacha con jugosas ganancias) y se les señala públicamente con todas las consecuencias (incluso económicas) que ello implica. A los opositores se les aplica con saña todo el peso de la procuración de justicia y a los suyos se les cubre con un manto de impunidad. Y sígale usted.

El solo hecho de mandar el mensaje de que los derechos ahí están para todos, pero que su ejercicio va a tener implicaciones perjudiciales, así que cada uno sabe si los ejerce o no, constituye la mejor prueba del autoritarismo que se haya impuesto en México. Vivir en democracia significa no sólo tener garantizados nuestros derechos, sino tener la certeza de hacer uso de ellos no sólo es posible, sino que no conlleva ninguna consecuencia negativa, mientras su ejercicio ocurra dentro de los márgenes de la licitud. Si ello no es así, si existe alguna circunstancia inhibitoria, entonces caemos, sin más, en el terreno del autoritarismo. Y aquí no hay medios términos; no hay un autoritarismo light (y, por lo tanto, aceptable) y un autoritarismo hard (que ya deja serlo). Cualquier tipo de autoritarismo supone la negación de la democracia, punto.

Si los procesos de democratización comienzan con una etapa de "liberalización", donde los derechos se reconocen, se ejercen y se amplifican gradualmente, las regresiones autocráticas involucran una fase de "iliberalización" donde los derechos se restringen o se anulan. Eso es lo que está pasando en el México autoritario de la presidenta Sheinbaum, donde ejercer los derechos tiene un costo al que habrá que atenerse.