Los trabajadores del IMSS están pagando una factura que no les corresponde. Mientras médicos, enfermeras y personal de salud denuncian salarios insuficientes, falta de insumos y jornadas agotadoras, la respuesta del gobierno parece ignorar una contradicción elemental: se exige austeridad a quienes sostienen los hospitales, mientras las auditorías exhiben millones de pesos comprometidos en irregularidades administrativas. 

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene frente a sí un reclamo que exige algo más que explicaciones salariales. Exige sensibilidad ante quienes deben responder todos los días por las deficiencias de una institución cuyas decisiones no controlan. Resulta indignante que el sacrificio se pida siempre a los mismos y que las responsabilidades por el manejo del dinero público sigan pendientes de esclarecerse.

La revisión de la Cuenta Pública 2023 documentó pagos por más de 984 millones de pesos sin soporte suficiente para acreditar la recepción de servicios de laboratorio clínico y anestesia en distintas delegaciones y hospitales. La Auditoría Superior de la Federación advirtió deficiencias en la prestación de servicios que llegaron a poner en riesgo la salud y la vida de los pacientes. Ahí termina la comodidad del lenguaje administrativo. No hablamos solamente de facturas, contratos o partidas presupuestales. Hablamos de personas que entran a un quirófano confiando en que el Estado cumplió su parte.

El problema no termina en la anestesia. En Tamaulipas, auditorías internas del IMSS identificaron un esquema de afiliaciones presuntamente simuladas que permitió otorgar pensiones mediante relaciones laborales inexistentes, semanas cotizadas ficticias y salarios inflados. Los expedientes CCTAM 326 y 327 de 2024 involucraron a 40 pensionados y recursos cercanos a 41 millones de pesos. Mientras miles de trabajadores pasan su vida reuniendo las semanas necesarias para jubilarse, otros habrían conseguido fabricar en el papel una historia laboral. 

La corrupción, cuando alcanza a la seguridad social, no solamente desvía dinero: erosiona el valor de los derechos que la institución promete proteger.

Estos hallazgos no equivalen a sentencias penales. Las responsabilidades individuales deben investigarse y acreditarse. Pero tampoco pueden despacharse como simples anomalías burocráticas. La pregunta es quién autorizó los pagos, quién verificó los servicios, quién validó las afiliaciones y qué ocurrió después de que los órganos fiscalizadores encendieron las alarmas. 

Una auditoría que descubre irregularidades y no produce consecuencias corre el riesgo de convertirse en otro trámite del sistema que debía vigilar.

Mientras tanto, trabajadores del IMSS han salido a las calles para denunciar falta de insumos, sobrecarga laboral y condiciones salariales insuficientes. Se exige al personal médico hacer rendir cada recurso mientras las auditorías exhiben fallas graves en el control del dinero público. Los millones pueden extraviarse sin que aparezcan responsables, pero a quienes sostienen los hospitales se les exige justificar hasta el último peso. La corrupción pasa la factura y los trabajadores terminan pagándola. No con dinero desviado, sino con salarios insuficientes, jornadas agotadoras y la obligación de dar la cara por decisiones que nunca tomaron.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la dirección del IMSS enfrentan una responsabilidad que no se resuelve con anunciar otro modelo de compras. Se necesita esclarecer las observaciones, recuperar los recursos cuando proceda, sancionar las conductas acreditadas y demostrar que los controles funcionan. 

Y mientras las responsabilidades siguen sin esclarecerse, el sacrificio continúa recayendo sobre quienes menos poder tienen para impedirlo. No hay mayor contradicción que pedir vocación a los trabajadores para compensar las fallas de quienes administran los recursos. El IMSS no puede sostenerse indefinidamente sobre el sacrificio de sus empleados mientras las irregularidades esperan respuesta.