Actualmente, en el Estado de Nuevo León se han presentado múltiples casos en los que los consumidores han resultado engañados y afectados al momento de efectuar la compra de vehículos o bienes muebles mediante esquemas de crédito o pagos a plazos. 

Nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores es brindar seguridad a las y los ciudadanos neoleoneses. 

La seguridad es una de las primeras tareas que todo Estado debe brindar a los individuos. Y esa seguridad debe estar respaldada por un cuerpo legal que evite, en todo momento, prácticas fraudulentas que lastimen la economía de familias enteras. 

En ese sentido, como representantes de los intereses de las y los ciudadanos, este órgano del Estado tiene la responsabilidad de generar un marco legal que no solo prevenga, sino que también sancione legal y fuertemente a los infractores, que en todo momento buscar la oportunidad para abusar de los consumidores.

Es una realidad que no debemos omitir que, en el estado de Nuevo León, es cada vez más frecuente que ciudadanos sean víctimas de abusos y fraudes por parte de intermediarios financieros y empresas de compraventa a plazos, particularmente en la adquisición de vehículos y productos a crédito.

Estos intermediarios financieros cuentan con esquemas que engañan al consumidor mediante contratos opacos, costos inflados, penalizaciones desproporcionadas y condiciones no informadas previamente, aprovechándose de vacíos legales en el marco local.

Sabemos que estas problemáticas dependen casi exclusivamente de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos de carácter federal. A la CONDUSEF y a la PROFECO, se les ha encomendado velar por el cumplimiento de esa normatividad. 

En las entidades federativas, se carece de legislación estatal que cuente con mecanismos complementarios para prevenir y sancionar estos abusos. 

Sin duda y ante la realidad palpable de infractores sin ética alguna, esto coloca a los consumidores neoleoneses en una situación de vulnerabilidad.

Por ello, presentamos tres iniciativas con el objetivo de tipificar penalmente el fraude financiero agravado en el Código Penal estatal,  aplicable a quienes simulen contratos, impongan cláusulas ilegales u oculten información relevante para obtener un beneficio económico indebido.

A mayor abundamiento, el Registro Estatal de Proveedores de Crédito y Servicios Financieros permitirá identificar, supervisar y dar seguimiento a las personas físicas o morales que operan bajo esquemas de financiamiento en la entidad, contribuyendo así a detectar irregularidades, prevenir fraudes y dar certeza jurídica a los consumidores. 

La finalidad de este registro es generar un padrón público y confiable que garantice condiciones de transparencia en las relaciones de crédito y compraventa a plazos, promoviendo la formalidad y la rendición de cuentas en este sector.

Tras una revisión exhaustiva de las legislaciones locales del país, confirmamos que no existe precedente alguno de disposiciones similares en los códigos civiles ni penales estatales ni en leyes locales de protección al consumidor. 

Esta propuesta coloca a Nuevo León como punta de lanza en materia de protección al consumidor y combate a los fraudes financieros.