Emiliano Andrade Covarrubias tenía 56 años, llevaba décadas viviendo en Estados Unidos y contaba con residencia permanente. Era padre de tres hijos estadounidenses y trabajaba como contratista de pintura en Dallas. El 17 de octubre fue encontrado inconsciente en su celda del Centro de Procesamiento Río Grande, en Texas, donde permanecía detenido desde junio. Padecía diabetes e hipertensión, había manifestado dificultades para respirar y dolor en el pecho y, según su familia, su salud se deterioró rápidamente por la falta de atención médica adecuada. Aunque las causas de su muerte siguen bajo investigación, su caso se suma a una preocupante sucesión de fallecimientos bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, 18 mexicanos han muerto durante operativos y detenciones del ICE. Esta cifra se suma a los al menos 58 fallecimientos de personas de distintas nacionalidades bajo custodia o en acciones migratorias, una tasa de mortalidad casi cuatro veces mayor que durante el Gobierno de Biden y más del doble de la registrada en el primer mandato de Trump.

Ante esta situación, México ha recurrido a las vías diplomáticas y jurídicas a su alcance para exigir el esclarecimiento de las muertes, con escasos resultados: de las 20 denuncias presentadas por el fallecimiento de 17 connacionales, solo cuatro han recibido respuesta. Las gestiones incluyen notas diplomáticas, solicitudes de investigación y apoyo legal a las familias. En el caso de Andrade Covarrubias, la Cancillería anunció una nueva denuncia ante la fiscalía del condado de Webb y solicitó reuniones con autoridades migratorias estadounidenses. Nueve de los primeros 14 mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE, es decir, el 64%, se encontraban en centros administrados por las empresas privadas GEO Group y CoreCivic. En Adelanto, California, un centro operado por GEO Group, una jueza federal ordenó corregir deficiencias en la atención médica, la alimentación y el acceso al agua potable. En Tacoma, Washington, otro establecimiento de la misma compañía acumula más de 3,500 quejas por sus condiciones de detención. Ante las irregularidades detectadas y la falta de garantías para proteger la seguridad y la integridad de los detenidos, el Gobierno mexicano también ha anunciado acciones legales contra las empresas responsables.

A ello se suma una decisión inédita del Pentágono, que autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a probar durante siete meses un arma militar conocida como rayo de calor, para evaluar su posible uso en la frontera con México. El dispositivo emite ondas electromagnéticas capaces de alcanzar hasta un kilómetro de distancia y provocar una intensa sensación de quemadura que obliga a las personas a huir instintivamente. Aunque se clasifica como no letal, puede causar lesiones y poner en riesgo la vida de quienes intentan cruzar el río Bravo. La propuesta, rechazada en 2018 por sus implicaciones humanitarias y legales, vuelve a ponerse sobre la mesa, aunque por ahora solo se han autorizado pruebas y no su uso contra migrantes. Sin embargo, la posibilidad de recurrir a una tecnología concebida para contextos militares en tareas de control migratorio plantea nuevos motivos de preocupación.

Las políticas migratorias de Trump y sus consecuencias humanas se producen en un momento de creciente tensión política, a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se juega el control del Congreso estadounidense. El descontento por el encarecimiento de la vida y la incertidumbre económica, especialmente entre los jóvenes, se suma a la incomodidad que generan entre los candidatos republicanos las recientes concesiones de Trump a Rusia para intentar bajar los precios de los combustibles. En este clima, la votación anticipada alcanza cifras récord con más de 16 millones de votos emitidos, mientras Trump muestra cada vez menos tolerancia a los cuestionamientos de la prensa y su gobierno acusa sin evidencia de irregularidades electorales en California. Todo ocurre en la recta final de una contienda en la que se debate el rumbo del país.