Después de la intensa presión pública, la titular de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados el día 26. Su decisión llega en medio de una crisis por señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones millonarias, posibles conflictos de interés y vínculos personales entre autoridades y empresarios. La renuncia no cancela la obligación de esclarecer lo ocurrido. Una institución encargada de dar certeza a las elecciones no puede dejar dudas sobre el manejo de sus propios recursos.

A poco más de tres años de su designación propuesta por López Obrador y realizada por insaculación en la Cámara de Diputados y en medio de un proceso electoral que ya arrancó, el anuncio de su renuncia abre la discusión sobre el relevo. Pero el debate no debe reducirse a los nombres de quienes podrían sustituirla. Eso desvía la atención de lo que urge aclarar. Los mexicanos merecemos saber qué ocurrió con el dinero público y si los funcionarios cumplieron con sus responsabilidades. El cambio en la Presidencia no resuelve por sí solo una crisis que también compromete los controles internos de la autoridad electoral.

No debemos olvidar que la mayoría legislativa de Morena contribuyó a crear este problema cuando modificó las reglas de nombramiento en octubre de 2024. Al permitir que la Presidencia del INE designara directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas, redujo la intervención de las demás consejerías.

Los propios consejeros han relacionado los problemas actuales con esas facultades extraordinarias. Sus señalamientos obligan a revisar la decisión legislativa y sus consecuencias. Reducir esta crisis a diferencias personales entre consejeros sería eludir el problema. Cuando una sola persona puede integrar las áreas ejecutivas sin el respaldo que antes debía conseguir, disminuyen las oportunidades de contrastar perfiles y revisar antecedentes. La revisión colegiada permite advertir posibles conflictos de interés antes de concretar un nombramiento. Recuperarla ayudaría a evitar que el instituto dependa tanto del criterio de quien lo preside.

La investigación anunciada por la Auditoría Superior de la Federación debe llegar hasta sus últimas consecuencias. El INE tiene que entregar los expedientes, preservar la documentación y facilitar el examen de las adjudicaciones cuestionadas. Si se confirma que hubo simulación de contrataciones para el enriquecimiento de funcionarios o contratistas, la preocupación es inevitable: ¿qué confianza puede ofrecer ese árbitro al organizar una elección? Para preservar la credibilidad del instituto hay que esclarecer los hechos, identificar las responsabilidades individuales y aplicar las sanciones que correspondan.

Desde el PAN exigimos que cualquier designación respete las reglas y que esta crisis no se aproveche para aumentar el control del gobierno sobre el instituto. El relevo debe garantizar un perfil autónomo e independiente del oficialismo. Deben revisarse las facultades concentradas en la Presidencia, devolver peso a los acuerdos del Consejo General y esclarecer las contrataciones. Cambiar a la titular sin corregir los controles dejaría abierta la puerta a repetir el problema. Los ciudadanos han defendido una autoridad electoral independiente porque saben lo que cuesta disputar elecciones frente al poder público. Les debemos un INE que rinda cuentas por cada peso y garantice que su voto se respete.