La revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán hizo visible una situación que desde hace meses preocupa a políticos y empresarios cercanos a la 4T. Decenas de funcionarios y dirigentes de Morena ya no tienen visa estadounidense, mientras que otros han sido enviados al famoso "cuartito" de migración donde han enfrentado interrogatorios que pueden durar horas.

A este se suman los reportes de cancelaciones de visas de gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado, legisladores y operadores partidistas. Algunos nombres permanecen bajo reserva, pero los afectados creen que la decisión será definitiva y probablemente nunca recuperarán el documento.

Los que aún conservan su visa, suelen enfrentar revisiones secundarias en los aeropuertos. Entre los casos reportados a esta columna están el dirigente sindical Pedro Haces, Jorge Emilio González, el Niño Verde, Jesús Sesma y Manuel Velasco, algunos de los que más gustan y disfrutan de viajar a Estados Unidos. Las esperas duran minutos u horas. La revisión no implica por sí misma una investigación ni anticipa la pérdida de la visa, pero convirtió un cruce rutinario en una fuente de incertidumbre.

Las entrevistas son especialmente rígidas cuando se trata de políticos cercanos a Morena. Según testimonios compartidos en el Congreso y el gobierno federal, las preguntas rebasan el motivo de la visita, la duración de la estancia y el lugar de hospedaje.

Los agentes de migración buscan establecer su ubicación política, relación con Morena, cargo, reuniones previstas y motivo del viaje. También preguntan si ha formulado comentarios públicos contra Trump, su gobierno o las políticas estadounidenses. En algunos casos revisan publicaciones en redes sociales y declaraciones difundidas en medios.

El detalle de los interrogatorios se comenta ampliamente entre legisladores y funcionarios de la 4T. Quienes planean viajar intercambian información sobre aeropuertos, duración de las revisiones, preguntas y dispositivos que podrían ser inspeccionados. También temen enterarse de la cancelación al intentar ingresar.

La cancelación de la visa de Andy López Beltrán confirmó que el escrutinio llegó al círculo familiar del expresidente. Dos días después de que lo anunciara, su hermano José Ramón publicó una fotografía desde una tienda Buc-ee´s en Texas. La imagen mostró el contraste entre quien acababa de perder el documento y quien todavía podía desplazarse por Estados Unidos.

Los hijos de López Obrador han mantenido una relación frecuente con ese país. José Ramón ha vivido y trabajado en Texas. Andy reconoció que pasó por Seattle antes de viajar a Japón en 2025. Una fotografía de 2024 ubicó a Andy y Gonzalo en un partido de los Gigantes de San Francisco junto con empresarios.

El caso familiar es apenas la parte visible. Para numerosos integrantes de la 4T, Estados Unidos ha sido destino de descanso, compras, atención médica, reuniones o visitas familiares.

La relación resultaba cómoda mientras el discurso político contra Estados Unidos no tenía consecuencias personales. Esa etapa terminó con el regreso de Trump y con el endurecimiento de la estrategia estadounidense hacia México. Las agencias estadounidenses han ampliado la revisión sobre personas políticamente expuestas.

La tensión bilateral tiene ahora una expresión concreta para la clase política oficialista. Perder la visa afecta familia, negocios, vacaciones y relaciones personales. Conservarla tampoco garantiza un ingreso sencillo y persiste la posibilidad de terminar frente a un agente que niegue el acceso.

Durante años, muchos dirigentes de la 4T cuestionaron a Estados Unidos desde México y viajaron allá sin obstáculos. Ahora algunos ya no pueden hacerlo y otros deben explicar en migración su trayectoria, sus reuniones y hasta sus opiniones sobre Trump.

Posdata 1

La llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump sí se llevó a cabo el miércoles y fue preparada desde la noche anterior. En la cena del martes en Palacio Nacional, después de la ceremonia del Grito y a la que asistieron buena parte del gabinete, legisladores y coordinadores parlamentarios de Morena, el tema se comentó brevemente en corto entre la Presidenta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller Roberto Velasco. La conversación con Trump estuvo centrada fundamentalmente en el T-MEC y en destrabar los pendientes comerciales entre ambos países.

Trump había anticipado desde el fin de semana que México y Estados Unidos terminarían alcanzando un acuerdo y la llamada del miércoles sirvió para revisar la ruta de la negociación. Pero hubo otro componente que no dejó el mismo sabor de boca. En materia de seguridad aparecieron diferencias que volvieron a exhibir la presión sobre el gobierno mexicano y, particularmente, sobre los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

Ese mismo miércoles, la administración Trump hizo pública su determinación anual sobre los principales países de tránsito y producción de drogas, en el que, si bien resalta los avances del gobierno de Sheinbaum, también sostiene que México debe hacer "mucho más" y plantea expresamente investigar, detener y procesar a funcionarios públicos corruptos que colaboren con los cárteles. La exigencia quedó por escrito apenas unas horas después de la conversación entre ambos mandatarios.

Sheinbaum respondió este jueves desde Palacio Nacional. Dijo que México no necesita que lo juzguen desde fuera y devolvió la presión hacia Washington. Preguntó qué hace Estados Unidos contra sus propios distribuidores de droga, el lavado de dinero, el tráfico de armas y el consumo de opioides, cuya crisis recordó que tuvo origen también en la prescripción masiva de medicamentos. Comercio y seguridad volvieron a cruzarse en la relación bilateral.