El caso no es un hecho aislado, sino parte de un modus operandi que consistía en vender proyectos energéticos de gran escala, asegurar contratos con gobiernos locales y quedarse el dinero

En medio de la pugna por la sucesión en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila se anotó una victoria política frente al grupo de su antecesor, Jaime Bonilla, quien pretendía recuperar las riendas del estado imponiendo candidato de Morena y el PT rumbo a 2027. La vinculación a proceso del exmandatario por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, en un caso ligado nuevamente a la contratación de Next Energy para una planta fotovoltaica, lo deja, por ahora, fuera de la jugada. Bonilla llega debilitado, con margen de maniobra mínimo y con un proceso penal que puede escalar.

No se trata solo de una disputa política, sino de un esquema que compromete recursos públicos millonarios bajo contratos de largo plazo y con evidentes irregularidades. Desde el inicio del actual gobierno estatal, la administración de Marina del Pilar denunció inconsistencias en el proyecto de Next Energy en Mexicali, que implicaba comprometer alrededor de 12 mil millones de pesos. La Fiscalía estatal abrió investigaciones y llamó a cuentas al exgobernador, pero el avance fue lento. Tuvieron que pasar cuatro años para que finalmente se judicializara el caso.

Lo que hoy termina por hundir a Bonilla es que el modelo de operación de Next Energy comenzó a replicarse y a caerse en otras entidades. El propietario de la empresa, el regiomontano Eugenio Maiz Domene, fue encarcelado por fraude en Aguascalientes tras incumplir un proyecto fotovoltaico que comprometía hasta 20 mil millones de pesos de recursos municipales. El patrón se repitió en Monterrey, donde gobierna el priista Adrián de la Garza. Allí, la misma empresa firmó un contrato por más de 7 mil millones de pesos para una obra que tampoco se concretó. En ambos casos, los gobiernos involucrados quedaron expuestos por haber comprometido finanzas públicas en proyectos inviables.

Ese es el verdadero fondo del caso Baja California. El caso no es un hecho aislado, sino parte de un modus operandi que consistía en vender proyectos energéticos de gran escala, asegurar contratos con gobiernos locales y quedarse el dinero. En Mexicali, el proyecto de Next Energy no solo era cuestionable en su ejecución, también comprometía recursos estatales por décadas, con condiciones desventajosas para el erario.

La judicialización del caso coloca a Jaime Bonilla en el centro de ese esquema por haber autorizado el proyecto y por las decisiones administrativas y financieras que permitieron avanzar un contrato de alto riesgo para las finanzas del estado. La narrativa de persecución política se diluye frente a un expediente que se fortalece con lo ocurrido en otras entidades.

En términos políticos, Bonilla pierde capacidad de operación en la sucesión de 2027 y se reduce la posibilidad de que su grupo retome el control del estado. Su apuesta pasaba por impulsar al diputado federal Fernando Castro Trenti como candidato, pero el escenario cambió. Sin estructura, con un proceso penal en curso y con el desgaste público que implica el caso Next Energy, ese plan queda prácticamente cancelado.

La disputa en Baja California entra así en una nueva fase. Con el grupo del exgobernador debilitado, la contienda interna en Morena se reconfigura y se concentra en los perfiles que hoy tienen control territorial y respaldo del gobierno en turno.

La baraja de aspirantes en Morena ya está sobre la mesa. Figuran la diputada Evangelina Moreno, la senadora Julieta Ramírez, la alcaldesa de Ensenada Claudia Agatón y el exdelegado Jesús Ruiz Uribe, además de los perfiles con mayor cercanía al grupo de Marina del Pilar, como el secretario de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, el alcalde de Tijuana Ismael Burgueño, la alcaldesa de Mexicali Norma Bustamante y el senador Armando Ayala.

Posdata 1

Luego de que el miércoles se revelaron en esta columna las malas prácticas y la parálisis de los proyectos de CFE Energía, en la Comisión Federal de Electricidad se da por hecha la salida de Eréndira Corral Zavala como directora general de CFEnergía y CFE Internacional, dos áreas clave para el suministro y comercialización de gas natural. Aunque no hay anuncio oficial, al interior de la empresa la decisión se considera definitiva y asociada a una revisión interna por presuntas irregularidades que podrían derivar en responsabilidades mayores.

La subsidiaria arrastra adeudos que superan los 500 millones de dólares con constructores de plantas de ciclo combinado, proyectos que fueron encargados originalmente por la gestión de Manuel Bartlett y que hoy están detenidos. Se trata de al menos cuatro centrales que no han entrado en operación, con retrasos acumulados, pasivos sin resolver y decisiones estratégicas cuestionadas desde dentro de la propia CFE.

Dos de las plantas más grandes, Riviera Maya y San Luis Río Colorado, enfrentan un escenario aún más costoso: ante la falta de gas natural, tendrían que ser "congeladas" con nitrógeno para evitar daños en la infraestructura, un procedimiento técnico que implica gastos adicionales millonarios y que evidencia fallas graves de planeación y ejecución.

La eventual salida de Corral se da en medio de auditorías internas que documentan opacidad, parálisis operativa y un manejo deficiente de proyectos estratégicos.