El delito de la extorsión es uno de los que más lastima y afecta a la sociedad mexicana ya que, por un lado, implica un acto de violencia o una amenaza que genera un miedo tan intenso que coacciona la voluntad de la víctima, y por el otro, pone en peligro el bienestar de las comunidades afectadas y obstaculiza el crecimiento y desarrollo económico. Este delito no solo impacta el patrimonio de la víctima, sino que también atenta contra su libertad de autodeterminación y su paz mental.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión aumentó un 53.80% de 2018 al 2023, y según la Coparmex, es el segundo delito más frecuente entre sus socios.

No obstante, este delito no solo se comete en contra de grandes empresarios y comerciantes, sino que se ha expandido a pequeños productores, artesanos, migrantes y a la sociedad en general. Se cobra el derecho de paso, de piso y hasta de sombra. En Áreas Naturales Protegidas, grupos delictivos exigen bajo amenazas cuotas a locales y comerciantes, afectando el turismo y la conservación.

La extorsión va más allá de imponer un cobro indebido periódico a cambio de protección; también se extiende a imponer bienes y servicios, y a obligar a sectores como agricultores, pescadores y ganaderos a vender sus productos a precios inferiores a los del mercado. Se han adueñado de redes de transporte y tienen intereses en la distribución de limón, aguacate, agave y maíz. Aquellos que se niegan a pagar corren el riesgo de que su negocio, su integridad física o la de sus familiares sean dañados por actos violentos que envían un mensaje a toda la comunidad.

El cobro de un "impuesto" valida a los grupos criminales como una autoridad territorial paralela. Y el temor provocado por sus amenazas, disuade a las víctimas de denunciar, lo que se refleja en la ENVIPE 2023 que indica que la extorsión es el segundo delito más común en el país, a pesar de que en 2022 solo se denunció el 3% de los casos; es decir, hay una cifra negra del 97%.

El negocio de la extorsión es altamente lucrativo para las organizaciones criminales, ya que es fácil de perpetrar, requiere poca inversión y conlleva bajo riesgo. Es tan redituable, que se ha convertido en una fuente crucial de financiamiento que les permite a los criminales controlar la economía, la política y la sociedad en algunas zonas del país, al tiempo de facilitar su infiltración en empresas legítimas, donde incluso establecen redes empresariales para reinvertir sus ganancias.

En muchos casos, estos grupos ocupan el vacío dejado por el gobierno, estableciendo una autoridad paralela que impone un sistema de justicia basado en castigos físicos severos, o incluso la muerte, para quienes no acatan sus normas. Desafortunadamente, el crimen ha sabido aprovechar la desconfianza de la población hacia las autoridades (principalmente locales) para posesionarse como figuras de autoridad reconocidas por la comunidad.

Existe una relación simbiótica entre la extorsión y el crecimiento de las redes criminales, donde cada una alimenta y fortalece a la otra, funcionando como causa y efecto en un ciclo continuo. Para romper este ciclo se requieren medidas múltiples y contundentes. Es fundamental combatir la impunidad y dar seguimiento a las investigaciones y procesos en curso, pero esto no es suficiente.

Se requiere fortalecer la capacidad de investigación y de coordinación de las instituciones, al tiempo de focalizar un sistema de inteligencia para desmantelar las redes que operan este ilícito.

Vale la pena considerar la experiencia de Italia, un país con más de un siglo enfrentando la extorsión mafiosa, que ha implementado programas de protección de testigos y promovido la participación activa de la sociedad civil en la lucha contra el crimen organizado. En el caso de México, solo con una estrategia integral y territorial que incluya a empresarios, comerciantes y ciudadanos se podrá reducir este delito y el temor de ciertos sectores para invertir en nuestro país.