Tener dos nacionalidades no demuestra deslealtad. Tener una sola tampoco la garantiza. Esa diferencia merece discutirse ahora que el Senado aprobó la reforma para exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Cuando la propuesta todavía era iniciativa, planteé una pregunta que sigue pendiente: ¿qué problema jurídico estamos resolviendo?

El artículo 32 constitucional ya reserva los cargos que requieren nacionalidad mexicana por nacimiento a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra. 

Los artículos 15, 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad desarrollan ese régimen. Contemplan incluso el certificado de nacionalidad mexicana y las renuncias que deben formular quienes también sean considerados nacionales por otro Estado. No estábamos, pues, ante un terreno sin reglas.

Sería impreciso afirmar que la reforma no cambia nada. Al modificar los artículos 82, 116 y 122, incorpora expresamente la exigencia de no tener ni adquirir otra nacionalidad y obliga a renunciar a ella antes de solicitar el registro de una candidatura. 

También añade prohibiciones durante el ejercicio del cargo. Endurece las condiciones para competir y gobernar.

Precisamente por eso necesita una justificación que vaya más allá de invocar la soberanía. 

¿Por qué resulta insuficiente el régimen existente? ¿Qué riesgo concreto se evita al exigir la renuncia antes de competir, cuando todavía no se sabe si esa persona gobernará? ¿Por qué concentrar este endurecimiento en tres tipos de cargos y no explicar su relación con otras responsabilidades estratégicas del Estado?

Hay, además, un problema práctico. México puede regular el acceso a sus cargos públicos, pero no decidir unilateralmente quién deja de ser nacional de otro país. Debe quedar claro si bastará la renuncia ante las autoridades mexicanas o si se exigirá acreditar la pérdida efectiva conforme a la legislación extranjera. En este último supuesto, el acceso a una candidatura podría depender de reglas y decisiones de otro Estado. 

Una paradoja para una reforma defendida en nombre de la soberanía.

La doble nacionalidad puede venir del nacimiento, de la familia o de una historia migratoria. 

Ninguna de esas circunstancias prueba, por sí sola, subordinación a un gobierno extranjero. La lealtad de un servidor público se acredita con sus decisiones y con el cumplimiento de sus obligaciones.

No hace falta atribuirle destinatarios a esta reforma para exigir razones. Quienes la impulsan deben explicar por qué las herramientas existentes no bastaban y por qué las nuevas restricciones son necesarias.

Una mayoría puede reunir los votos para cambiar la Constitución. 

Eso no responde la pregunta de fondo: ¿qué protege esta reforma que no estuviera protegido ya, y a qué costo para el derecho a competir?