En el mito bíblico, la manzana representa el conocimiento prohibido, la caída, el pecado original. En la política mexicana, la manzana de Adán tiene apellido: López. Y aunque el guion suene divino, el pecado aquí es profundamente terrenal.

Adán Augusto López Hernández no mordió la manzana: la cultivó, la protegió y hoy la reparte entre sus allegados como si no tuviera que rendir cuentas. Lo suyo no es un caso aislado de abusos y excesos, sino la personificación del poder impune, la red de complicidades, el cinismo convertido en escudo y el silencio como estrategia.

La evidencia más reciente de esta podredumbre es el caso "La Barredora", revelado en documentos oficiales de la Sedena. Desde 2019, el Ejército mexicano identificó a Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad Pública de Tabasco y nombrado por Adán Augusto, como pieza clave de una red criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. El grupo, conocido como La Barredora, operaba una estructura dedicada al huachicol, la extorsión, el narcotráfico y el tráfico de personas... con protección institucional. En llamadas interceptadas, los propios delincuentes se referían a Adán Augusto como "El Tío", reconociéndolo como su respaldo político.

Bermúdez no operaba a espaldas del gobierno, sino bajo su sombra. Y cuando las advertencias llegaron a Palacio Nacional —porque llegaron, documentadas por el Ejército desde 2021— nadie actuó. ¿Qué tan alto llegó la protección? ¿Quién más lo sabía? ¿Y por qué, con toda esa información, se le permitió huir del país?

Pero el escándalo de "La Barredora" es solo el corazón de un árbol podrido con muchas ramas. Entre muchas otras, está el caso Chiapas, donde el entonces gobernador Rutilio Escandón asignó 500 millones de pesos al operador de Rosalinda López Hernández, funcionaria del SAT y hermana de Adán Augusto. Se sospecha que esos recursos financiaron espectaculares y estructuras territoriales durante su intento por convertirse en candidato presidencial.

Está también el caso de Luis Humberto Montaño, amigo cercano y operador político de Adán Augusto, quien recibió más de 8 mil millones de pesos en contratos públicos durante gobiernos morenistas y acumuló 14 propiedades sin justificación patrimonial. Hoy trabaja en el Senado y ocultó sus empresas en su declaración oficial.

Otro episodio escandaloso es el de las Unidades Médicas Móviles en Chihuahua, promovidas por la senadora Andrea Chávez. Las ambulancias fueron operadas por FMedical, empresa de Fernando Padilla Farfán, empresario cercano a Adán Augusto y beneficiario de contratos públicos por más de 2 mil millones de pesos. La imagen de Chávez aparecía en las unidades, financiadas supuestamente con "donativos privados". ¿Campaña encubierta? ¿Triangulación de recursos?

La cereza de este pastel envenenado es la "Ley Garrote", impulsada por el propio Adán Augusto como gobernador de Tabasco en 2019. ¿Su objetivo? Criminalizar la protesta social y castigar con prisión a quienes se opusieran a obras del gobierno. Una legislación diseñada para silenciar, no para garantizar el orden.

En cualquier democracia funcional, un personaje con este historial ya habría renunciado. Estaría siendo investigado penalmente, separado del cargo e inhabilitado políticamente. Pero en México, Adán Augusto no solo sigue impune: sigue en el Senado, sigue blindado, y sigue siendo —a la vista de todos— el político más cercano a Andrés Manuel López Obrador.

Y es aquí donde la mordida de la manzana se vuelve colectiva. Porque esto no es solo el retrato de un político sin escrúpulos, sino el reflejo de un régimen que lo permite, lo premia y lo protege. ¿Qué tanto sabía el expresidente? ¿Qué tanto consintió? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad?

La manzana de Adán ya cayó del árbol. Está podrida. Y todos estamos viendo, en silencio, cómo se la siguen repartiendo.