Es evidente que la propuesta de reforma judicial presentada por AMLO, apoyada por el partido oficial Morena y aprobada el martes pasado, no goza de la aprobación ciudadana, empresarial, organizaciones profesionales y comunidad internacional.

El consenso es hacia la necesidad de una reforma profunda, sin embargo, la forma en que se propuso no garantiza independencia de poderes ni estar exenta de manipulación. El riesgo no se centra en el voto popular para la elección de jueces y magistrados que sin duda es un aspecto medular, sino en las trampas asociadas y que representan un ataque frontal a la democracia al devolver el poder absoluto a un solo partido, Morena.

La necesidad de cambio es innegable. Baste ver la cantidad de delitos cometidos al año y el nivel de resolución o tasa de impunidad de estos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, publicada por el INEGI en 2022, se estimó que se cometieron aproximadamente 28.1 millones de delitos en el país. Estos delitos afectaron a 21.1 millones de personas, lo que corresponde a una tasa de 22 mil 587 delitos por cada 100 mil habitantes.

El nivel de resolución es bajo y la impunidad es un problema crónico. Se estima que entre el 90 y 94 por ciento de los delitos no se denuncian, o no generan una investigación formal. De los que se denuncian, se resuelven menos del 10 por ciento y la impunidad depende de tipo de delito siendo el homicidio uno de los de mayor impunidad.

Entre los factores que contribuyen a la baja resolución de delitos está la desconfianza en las autoridades, la ineficiencia en las investigaciones, la corrupción y burocracia. Y esto es solo una parte del problema. La corrupción no solo radica en los jueces, sino en los fiscales y ministerios públicos aspectos que no considera la nueva estructura judicial.

El tema es que la propuesta ya aprobada no responde a las necesidades democráticas de México ni garantiza la independencia de poderes ni los candados contra la corrupción.

Lamentablemente el oficialismo ejerció mucha presión a la oposición utilizando argumentos personales para obligarlos a ceder. Y lo lograron, hubo tres traidores que cambiaron su voto. Araceli Saucedo y José Sabino Herrera del PRD, y Miguel Yunes Márquez del PAN se dejaron seducir. Y a otro senador, Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano lo secuestraron para no estar presente en la votación.

Entre las trampas de lo que será la nueva estructura del Poder Judicial está la preselección de candidatos que aparecerían en la boleta. "Esa es la primera trampa, el primer engaño", expresó Ricardo Anaya senador por el PAN. ¿Por qué Morena? Porque los candidatos para ocupar cargos en los órganos judiciales se presentarían por los tres poderes del Estado, que son controlados por este partido.

Después de que los candidatos son seleccionados por los tres poderes, los nombres de los aspirantes se incluirían en boletas electorales, y la población votaría directamente para elegir a los ministros de la Suprema Corte, magistrados y consejeros de la Judicatura Federal.

Anaya cita el ejemplo de la Ciudad de México en donde para elegir 344 cargos se requerirán dos mil 161 candidaturas, ¿se imagina lo complicado que será tener a esa cantidad de candidatos y boletas? "esta es la segunda trampa", expresó y es algo que no se dice.

De igual forma señala como tercera trampa la creación del Tribunal de Disciplina, integrado por cinco personas también preseleccionadas por Morena, a quien se le otorgaría un poder total al ser la única instancia para resolver conflictos, y con facultades de destitución o juicio político a jueces.  Además, lo más grave, no hay controles para evitar la compra del crimen organizado.

Hubo propuestas alternas que no se dialogaron. La presentada por la ministra Norma Piña, presidenta de la SCJ, no solo se refería al sistema de justicia sino a la seguridad y atención a víctimas de la violencia en aras de "construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita", expresó.

"Nuestra resistencia no está en función a nuestro presente, nuestra convicción va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y con el País que todos anhelamos", señaló la ministra. Efectivamente hay un riesgo alto para la democracia de México.

Lamentable momento histórico que estamos viviendo en el País, muchos traidores de la patria que confunden lo que el pueblo de México quiere. ¿Para eso querían la mayoría legislativa?

La historia juzgará a quienes llevaron al país hacia el autoritarismo.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com