Un día como hoy, pero del año 2017, ocurrió uno de los sismos más intensos registrados en la historia de nuestro país, el movimiento sísmico tuvo una magnitud de 8.2 grados y ocurrió a 140 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional. El sismo generó daños significativos en las cercanías del epicentro, en las costas de los estados de Chiapas y Oaxaca, pero no tuvo consecuencias en la Ciudad de México. Varios días después, el 19 de septiembre de 2017 ocurrió un evento sísmico con epicentro entre los estados de Morelos y Puebla que tuvo un impacto significativo en sus cercanías y también en prácticamente la mayor parte de la Ciudad de México. Estos dos eventos generaron una pérdida económica directa en México de alrededor de 88,439 millones de pesos, concentrando al menos el 49% de las pérdidas en la Ciudad de México (CENAPRED, 2019).

El gobierno de la CDMX en el año 2021 reportó que el sismo del 19 de septiembre del 2017 ocasionó daños significativos en más de 25,000 viviendas, 1132 escuelas, un hospital, tres centros de salud y 13 inmuebles catalogados, entre otros, los cuales requirieron algún tipo de intervención por lo que se destinó un total de 15,755 millones de pesos para llevar a cabo los trabajos asociados a la reconstrucción y/o reparación de los inmuebles dañados. Las cifras expuestas permiten cuantificar la pérdida económica directa que causaron esos dos sismos en nuestro país; adicionalmente existen una serie de pérdidas indirectas que no son fácilmente cuantificables y que podrían ser considerables, por ejemplo, los gastos asociados al pago de rentas de nuevos espacios para habitar, el colapso de inmuebles que se utilizaban como centros de trabajo, el daño en infraestructura del transporte que impidió temporalmente usar rutas para el traslado de mercancías, entre otros.

El contexto anterior permite plantearnos al menos las siguientes dos preguntas: ¿Existen algunas medidas de mitigación que se puedan implementar? ¿Cuál es la manera racional de gestionar la inversión, con políticas de reconstrucción o con políticas de prevención?

Las respuestas a ambas preguntas están íntimamente relacionadas. Por una parte, existen una serie de mecanismos como los seguros de los inmuebles que permiten brindar un respaldo económico ante la ocurrencia de un evento sísmico de alta intensidad; este enfoque podría corresponder a los costos asociados con la reparación o la reconstrucción de un inmueble. Por otra parte, existe otro mecanismo que se basa en la rehabilitación previa de los inmuebles con mayor vulnerabilidad o susceptibles a desarrollar un comportamiento inadecuado ante la ocurrencia de un sismo, de tal forma que el objetivo es evitar o limitar los daños en las edificaciones para no incurrir en gastos significativos por concepto de daños post sismo. Esta segunda idea ha sido abordada por los miembros de los comités que elaboran las normas en la Ciudad de México, como una medida para dotar a las edificaciones de una sismorresistencia adicional que le permita afrontar los efectos de los sismos.

A partir del 2023 existe en la Ciudad de México la Norma Técnica Complementaria para Evaluación y Rehabilitación de Edificios Existentes. En este documento se establecen los lineamientos sobre cómo realizar el procedimiento de rehabilitación en edificios con distintas características. Es necesario que el lector tenga presente que la rehabilitación no es exclusiva de los edificios que han sufrido algún daño o deterioro por un evento sismo u otro fenómeno. La rehabilitación es un concepto más amplio que trata de corregir irregularidades que podrían ser la causa del daño, restituyendo algunas propiedades de los materiales que se ven afectadas por fenómenos como la acumulación del daño y el envejecimiento de los materiales, así como brindar una mayor resistencia o rigidez para afrontar las consecuencias de los sismos futuros. Esta forma de abordar el problema ha sido adoptada en otros países como en el Estado de California en los Estados Unidos de América, en Nueva Zelanda, Italia y Japón, acompañada con programas de financiamiento y/o estímulos fiscales que le permitan a los propietarios realizar las intervenciones. México al igual que otros países ha optado por mecanismos enfocados en la prevención para mitigar los efectos de los sismos.

En conclusión, rehabilitar no es solo reparar, el objetivo primordial es dotar a los edificios existentes de una segunda línea de defensa que le permita afrontar los efectos de los sismos por un periodo de tiempo adicional. Aunque los sismos no se pueden predecir, podemos realizar acciones para mitigar su impacto en las construcciones que habitamos. La prevención es una medida preventiva para todos.